La Paz Total mira hacia la Colombia profunda

Cuando las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) abran su tercera fase en La Habana, a partir de abril según lo anunciado, lo harán sobre bases más sólidas.

Es que el temario recién asumido por la guerrilla y el Gobierno, que fungirá como hoja de ruta, obligará a que se tomen en cuenta, entre otros puntos, aspectos esenciales para conseguir lo que el ejecutivo de Gustavo Petro ha postulado como la Paz Total: tomar en cuenta lo que piensa la ciudadanía acerca de los asuntos abordados en el diálogo y acerca de la violencia misma, y lo que parece más importante: el examen del modelo económico y político desde una perspectiva democrática y mediante la participación de todos los sectores, sin exclusiones.

El segundo período de conversaciones, celebrado en México luego de la apertura en Venezuela, adoptó desde el pasado día 10 de marzo esta agenda de seis puntos que guiará en lo adelante el proceso, convertida en noticia luego de que el presidente de la Comisión de Paz en el legislativo y miembro de la representación gubernamental en el diálogo, Iván Cepeda, la presentara ante el Congreso esta semana, como parte de un sustancioso informe.

Aunque resulta totalmente imposible augurar si este mapa del camino a seguir conducirá a puerto feliz o no, lo cierto es que los temas dejan ver un sendero que parece correcto.

Siendo la paz negociada un propósito creíble defendido por el actual Gobierno —otros ejecutivos, como los que encabezaron en su momento Álvaro Uribe o su delfín Iván Duque, apostaron, en verdad, a la salida militar para no conceder— puede presumirse que este proceso negociador con el ELN toma en cuenta las experiencias que dejó el que sostuvieron por cuatro años las ya extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno de Juan Manuel Santos, y que concluyó en acuerdo, luego de cuatro años de ires y venires pasando por una consulta a la población colombiana y cierta descafeinización de lo pactado gracias a la propaganda de la derecha.

Una «barrida» a los casi siete años transcurridos desde esos acontecimientos a acá, sin embargo, demuestra que el casi único hecho sustancioso concretado fue que ese movimiento guerrillero se desmovilizara, aun cuando facciones que no acataron el pacto se mantuvieran sobre las armas y otro reducto de los insurgentes, que en primera instancia abrazó el proceso, volvieran a empuñar los fusiles tras comprobar que su acordada reinserción en la vida civil debía sortear los mortales escollos del asesinato selectivo de los desmovilizados e, incluso, el sometimiento de algunos de ellos a procesos judiciales no previstos en lo pactado.

Pero lo más importante a tomar en cuenta de cara a las nuevas negociaciones es que lo pactado vaya, sustancialmente, a los motivos de la violencia que hace décadas sacude mortalmente al país.

Claro que esa violencia no es provocada únicamente, y tal vez ni siquiera mayormente, por los grupos guerrilleros. El ejecutivo de Gustavo Petro es sabedor de eso, como lo demuestra el hecho de que abriera el diapasón negociador hasta incluir a los clanes dedicados al narcotráfico.

Pero tampoco habrá paz total en Colombia ni en ningún otro sitio si no hay justicia social, ni se sustrae el abono que genera, en el caso colombiano, la pervivencia del negocio sucio con los estupefacientes. Esos otros factores sociales, como se ve, ahora son tomados en cuenta.

Hacia tales entuertos también dirigió la mirada la negociación con las FARC-EP como resultado de las propuestas que llevó, no el Gobierno, sino el propio grupo guerrillero, sabedor como nadie de que el inicio de la lucha insurgente estaba en el campo y en la lucha por la tierra. Así nació ese movimiento guerrillero.

Fue ese el primer aspecto tratado. Pero el énfasis del oficialismo a la hora de cumplir se varó en la dejación de las armas.

A la desatención del problema agrario y rural se debe que la violencia en esas zonas se recrudeciera luego de los acuerdos adoptados por las FARC-EP y el Gobierno en 2016, fomentada por la misma ausencia de la guerrilla en muchas zonas rurales, que entonces fueron ocupadas por las bandas armadas delincuenciales.

La denominada
Nueva Agenda de Paz

Tales antecedentes debieron conducir a pensar que volver sobre el tema sería baldío, porque lo relacionado con la necesidad de atender al campo colombiano, incluyendo una reforma rural, ya está estipulado en aquellos postulados solo que, hasta la llegada del actual ejecutivo, había sido casi letra muerta.

De hecho, el informe al Congreso sobre el contenido de la denominada Nueva Agenda de Paz apunta que la política en este diálogo será «construir sobre lo construido».

Por eso, quizá, el temario va directamente, en el punto 1, a la participación social, algo que ya se practicó durante el proceso con las FARC-EP, pero que vuelve a resultar imprescindible y será preciso profundizar, pues no habrá acuerdo bueno en un asunto de tanta trascendencia si la sociedad no participa, de algún modo, en los debates sobre cómo hacer cesar la violencia.

Quizá el pasado del presidente Petro, ligado al otrora movimiento guerrillero M-19, haya facilitado esta capacidad del ejecutivo de comprender, desde un ángulo profundo y diverso, las esencias del drama colombiano.

El hecho de que a esta negociación se le haya concedido oficialmente un carácter político y se reconociera a ese movimiento su carácter rebelde desde el punto de vista legal, dice del respeto hacia el ELN con que transcurre el proceso y sienta, también en tal sentido, buenas pautas.

Pero quizá lo más trascendente sea el pacto social que se busca, definido en la Nueva Agenda como «una alianza de las fuerzas vivas de la nación, no solo para contrarrestar la crisis nacional y global, sino para entrar en una nueva era histórica que excluya definitivamente la violencia de la política y la vida social».

Esa luz larga es ostensible en el preámbulo del documento, cuando se afirma que la finalidad del proceso radica en poner fin al conflicto armado, superarlo, erradicar la violencia de la política y realizar «transformaciones democráticas» a través de lo que denomina «un gran acuerdo nacional», y de una «alianza política y social de amplio espectro», a la que se invita a participar a todas las fuerzas políticas y todos los sectores de la sociedad colombiana.

Y al señalar los problemas fundamentales que deberán resolver esas transformaciones, el texto identifica los vacíos de la democracia, el narcotráfico, la corrupción, los aspectos adversos del cambio climático, la violencia contra las mujeres, la situación de las poblaciones rurales, y la crisis económica que afecta a amplias capas de la población, dice, y también a los pequeños empresarios.

Ninguno de los procesos negociadores anteriores, contando el que se rompió con el ELN durante el Gobierno de Iván Duque, dirigió una mirada tan cabal a la Colombia profunda.

Reivindicación a Cuba

Los restantes tres puntos del temario están dedicados a las víctimas del conflicto y sus derechos a la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición, y el no olvido junto a la asunción de responsabilidades por las partes; al propósito del proceso, obviamente, de llegar al fin del conflicto armado, para lo cual se debe encontrar, afirma, un modelo mediante el cual el ELN renuncie no solo al uso de las armas «sino también a las armas mismas», así como se aspira a que también el Estado y la sociedad renuncien a ellas.

Finalmente, el punto seis se dedica a la ejecución de los acuerdos, cuya implementación será diferenciada e integral, y asumidos como parte de una política de Estado, razón por la cual los futuros gobiernos también deberán cumplirlos, así como los deberá respetar todo el ELN.

Aunque ya dicho en La Habana durante la visita que realizó en agosto pasado el canciller colombiano Álvaro Leyva, el reconocimiento que vuelve a hacerse a los esfuerzos históricos de Cuba a favor de la paz en aquel país, habla de la honestidad del actual Gobierno colombiano y resulta un fuerte mentís a las manipulaciones con que funcionarios del ejecutivo de Iván Duque pusieron en bandeja de plata a Estados Unidos, la inexistente justificación para devolvernos a su hipócrita lista de países supuestamente promotores del terrorismo.

Estimula que el diálogo de paz vuelva a tener por escenario a la Isla, y que lo haga, también, con agenda nueva.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana