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Un funeral colectivo y todas las banderas para las víctimas de la masacre de Jenin el 26 de enero de 2023. Foto: HispanTV Autor: HispanTV Publicado: 04/02/2023 | 10:08 pm
Desde lo «legal» hasta las sangrientas redadas, pasando por el despojo de tierras y el desalojo acompañado de las demoliciones de viviendas, el Estado de Israel refuerza la política de «limpieza étnica» contra el pueblo palestino, primer paso en la pretensión de construir el Gran Israel a costa de las naciones árabes y otros países musulmanes de la región del Oriente Medio.
Lo peor en este genocidio reside en que el llamado mundo occidental mira hacia otro lado y deja hacer, un contubernio que tiene como principales protagonistas al sionismo internacional y su gran cómplice: el Gobierno de Estados Unidos, aliado y sustentador, sea quien sea el partido que administre la Casa Blanca.
Las vidas de los palestinos están en peligro con la instauración de un régimen de apartheid, cuyas fuerzas militares, a las que llama de «defensa», solo en 2022 mataron a 220 palestinos, incluidos un buen número de menores de edad, y en los 31 días de enero de 2023 ya tienen en esa cuenta a 35 palestinos asesinados, bajo el falso argumento de que son «terroristas».
Israel no rinde cuentas de ese proceder criminal y esto le da la impunidad y la inmunidad que necesita para segregar, controlar y oprimir a los palestinos.
Para empeorar la situación y servir como un acelerador de los procedimientos sionistas, las pasadas elecciones llevaron nuevamente como primer ministro a Benjamin Netanyahu, con el agravante de que logró esa nueva estancia en el poder mediante una coalición con las fuerzas más extremistas del judaísmo ultraortodoxo.
No se ha hecho esperar el aumento de la represión y el saqueo. El lunes 31 de enero, cuando el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, arribaba a Israel, para supuestamente aplacar las tensiones y los estallidos de violencia, justo cuando habían concluido los mayores ejercicios militares conjuntos de Tel Aviv y Washington, que marcadamente apuntaron a la República Islámica de Irán, la Knesset o Parlamento de Israel pasó en primera lectura (de las tres que necesita para convertirse en ley) por 86 de 120 votos a favor, el proyecto de ley que revocará la ciudadanía o la residencia permanente de los palestinos acusados de «actos de terrorismo» y recibir dinero de la Autoridad Palestina (AP), un elemento «legal» de la política de «limpieza étnica».
Esta medida complementaría los pasos que vienen dando desde que en 1948, con la creación de Israel, comenzó la expulsión de un pueblo de sus hogares. Entonces fueron más de 700 000 palestinos —un tercio de la población no judía—, que llevaron a la categoría de refugiados en otros Estados árabes vecinos, a Gaza y a Cisjordania, condición en la que todavía sobreviven con una población aumentada por el paso de más de 75 años. Esa ignominia es conocida por los palestinos como la Nakba o Catástrofe, y no pocas familias expulsadas guardan todavía las viejas llaves de sus casas destruidas.
Luego, en 1967, la invasión y ocupación de Cisjordania por parte de Israel provocó otra ola de refugiados a los Estados vecinos.
De manera sistemática, el régimen de Tel Aviv ha estado usurpando territorios palestinos —un Estado que debió conformarse al mismo tiempo que el israelí en 1948, según los acuerdos de la Organización de las Naciones Unidas, pero que la confabulación anglo- estadounidense impidió.
De manera exponencial fueron creciendo los asentamientos judíos en terrenos palestinos, al mismo tiempo que los buldóceres demolían las viviendas del sufrido y traicionado pueblo.
Más de 600 aldeas han sido derribadas en ese avance racista que impide a los palestinos regresar a sus hogares, les confisca sus tierras y se las da a colonos e inmigrantes judíos, un proceder determinante a partir de la década de 1990.
En la actualidad son los palestinos de Jerusalén Este y los beduinos palestinos en el desierto de Naqab los que sufren los desalojos forzados, y más recientemente en Masafer Yatta se les expulsa y este lugar se designa como territorio militar, zona de tiro y de maniobras de sus fuerzas represivas.
Civiles armados
Por supuesto, el empoderamiento de la extrema derecha religiosa les ha dado alas de buitres a los colonos que incrementan las provocaciones y las acciones violentas contra personas y bienes palestinos, incluso hasta llevar a cabo agresiones contra otros grupos religiosos, no solo los musulmanes.
Claramente, el hecho de que un fanático derechista como Itmar Ben Gvir sea el nuevo ministro de Seguridad israelí privilegia la represión y las agresiones, y permite que los ataques de los colonos se extiendan por toda Cisjordania.
El diario israelí Haaretz informaba en los días finales de enero que el Consejo de Ministros israelí decidió aumentar el número de ciudadanos con licencia para portar armas. Por supuesto, se trata de los judíos, y según el Ministerio de Seguridad Nacional, 86 de las cien ciudades donde hay un alto porcentaje de personas que portan armas con licencia corresponden precisamente a los asentamientos judíos ilegales en la Cisjordania ocupada. Según los registros, unos 148 000 colonos y ciudadanos israelíes poseen actualmente esas licencias, quienes se suman a los soldados, policías y guardias fronterizos, quienes también les apoyan en los ataques racistas.
A ello se suma que la policía israelí rechaza las solicitudes de licencia para portar armas que presentan ciudadanos árabes.
Luego de los tiroteos frente a la sinagoga del asentamiento colono de Neve Yaakov, en Jerusalén, Ben-Gvir fue tajante: «Quiero más armas en las calles [para que] los ciudadanos israelíes puedan defenderse»; un convite que también realizó el comisario general de la Policía de Israel, Yaakov Shabtai.
Al mismo tiempo, el periódico Israel Hayom confirmaba: «El Gobierno está a punto de votar una serie de medidas destinadas a aprobar retroactivamente decenas de puestos de avanzada no autorizados en Judea y Samaria (Cisjordania) con un coste de varios miles de millones de shekels». (Con toda intención, la nueva administración de Netanyahu enfatiza en los nombres bíblicos hebreos y soslayan la denominación reconocida).
Con ello «legitiman» los asentamientos y puestos de avanzada judíos en territorios palestinos ocupados que no son reconocidos internacionalmente y ni siquiera por la actual legislación israelí.
La decisión del Primer Ministro de Israel, de su gabinete de seguridad y de la Knesset de sellar y demoler la casa de quienes llama terroristas, de revocar los derechos de seguro nacional para sus familias y de sus tarjetas de identidad israelíes, el acelerar la concesión de las licencias de armas de fuego para miles de ciudadanos (judíos), el fortalecimiento de los asentamientos y el refuerzo de las unidades militares y policiales junto a la ampliación de las detenciones y las operaciones «para recoger armas ilegales», constituyen elementos que echan leña al fuego de una guerra civil. La terrible realidad es que Netanyahu y sus aliados en el Gobierno y en la Knesset han decidido echarle leña al fuego.
Es, de hecho, un llamado a la guerra abierta contra los palestinos, un pueblo de resistencia que lucha por su derecho a existir como nación y como Estado, de manera libre e independiente. Puede que se avecine una nueva Intifada.
Soldados israelíes en la explanada de Al-Aqsa. FOTO: Anadolu Agency
