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En Bolivia víctimas piden justicia. Autor: ABI Publicado: 19/02/2022 | 08:45 pm
El ejercicio de la justicia sobre los golpistas en Bolivia se sigue demorando y podría abrir dudas acerca de la eficacia o, tal vez, la integridad de segmentos del sistema judicial que siguen dilatando el inicio de los procesos.
Hace una semana fue postergado el comienzo de la vista oral en uno de los dos procesos abiertos contra la exmandataria de facto, Jeanine Áñez. La excusa fueron presuntas irregularidades técnicas para una sesión que, en atención a la COVID-19 o, tal vez, en el fondo, para evitar desórdenes, se había decidido que transcurriera de modo virtual.
Pero no hay que ser incautos. A esas alturas Áñez, quien quiere vista presencial y un juicio de responsabilidades que resultaría más benévolo que el ordinario, había iniciado una huelga de hambre de cuya veracidad algunos dudan, y con la que se presenta ante la opinión pública como víctima.
En cualquier caso, la postergación, que fue declarada por el Tribunal Primero de Sentencia en lo Penal para pedir, supuestamente, que se realicen «correcciones y saneamientos a los procedimientos», no solo aplaza las protestas encontradas que la figura de la usurpadora concita.
Por un lado están sus seguidores, todos blancos y de la derecha que aplaudió los atropellos de los cuerpos armados y los paramilitares de los llamados grupos cívicos, quienes ganan tiempo para seguir manifestando la presunta inocencia de Áñez y desestabilizar el país. Del otro, exigen justicia los sobrevivientes y los familiares de los asesinados, heridos o torturados durante el golpe, víctimas de persecuciones y masacres como las de Sacaba y Senkata.
Además de exacerbar este antagonismo promovido por un golpe de Estado que soliviantó y empoderó a los oligarcas, pero también cohesionó el caudal de respaldo popular al MAS —como lo demostró la elección aplastante de Luis Arce en los comicios de noviembre de 2020—, no falta quien piense que dilatar la realización del proceso posibilitará argumentos y tiempo para que Jeanine Áñez sea sacada de la penitenciaría de La Paz donde, desde marzo pasado, cumple prisión preventiva.
Tratando de calmar a quienes cuestionan el enjuiciamiento, el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima Magne, ha manifestado que, en el caso denominado Golpe de Estado II —el que se abriría el jueves 10 de febrero— , «se buscan las máximas condiciones para que se desarrolle en respeto al debido proceso y las garantías constitucionales».
«Queremos llevar adelante el juicio en las condiciones máximas de respeto al debido proceso y con la observación internacional. Pero lo que vemos al frente es una huelga de hambre y 160 personas que ingresan a audiencia virtual para insultar y agredir», dijo en una velada crítica a los defensores de Áñez.
Otras de sus declaraciones, sin embargo, parecían dirigidas a quienes demandan justicia ya.
«Lo que se definió (el jueves) tiene una connotación muy relevante, porque le permite al país conocer la manera en la que se llevará adelante este juicio.
«Entendemos que el tribunal ha tomado una decisión por el bien del procedimiento para que no existan vicios, y para que no ocurra que más adelante algún tribunal de casación o tribunal constitucional pueda anular el proceso», afirmó.
Otros letrados y diputados, sin embargo, han declaradoen días recientes que el expediente contiene las pruebas testimoniales y documentales necesarias.
Fue roto el hilo constitucional
Alrededor de una decena de colaboradores de Áñez también están encartados en un proceso judicial que resulta sine qua non para que la sociedad boliviana siga viviendo sana. No puede haber salud emocional y mental sobre la impunidad de quienes masacraron y robaron.
Dejar los crímenes sin castigo tampoco llevaría estabilidad a una nación donde se han denunciado, después de la elección de Arce, otros intentos golpistas. Los hechos podrían repetirse.
En declaraciones a una emisora radial que publicó ABI, una de las miles de víctimas físicas del régimen de facto, el entonces aspirante a diputado por el MAS, Alpacino Mojica, relató que fue detenido en un operativo policial apenas por militar en las filas del Movimiento al Socialismo, torturado y encerrado en un calabozo por 11 largos meses.
Ahora, se quejó, mientras Jeanine Áñez está en la cárcel rodeada de médicos, familiares, (defensores de los) derechos humanos y apoyada por la jerarquía católica, las víctimas de su régimen, es decir los 38 muertos, centenares de heridos, torturados y detenidos, aún no encuentran justicia.
En su opinión, hay todo un «aparato político» que la respalda y busca liberarla, respaldo que no tuvieron las víctimas de las masacres y violaciones a sus derechos durante el régimen golpista, dijo.
Estos y peores atropellos están contenidos en la causa Golpe de Estado I, donde se recogen los delitos cometidos durante el año que duró el ilegal ejecutivo de Áñez, y que incluye hechos de corrupción como el robo realizado durante la compra de respiradores mecánicos que debían aliviar a los enfermos de la Covid-19. Los cargos en ese expediente son sedición, terrorismo y conspiración.
Antes, sin embargo, abriría Golpe de Estado II, causa que debe juzgar las ilegalidades cometidas por Áñez cuando, todavía senadora y habiendo renunciado la titular del Congreso, Adriana Salvatierra, y el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, ella juramentó, de modo inconstitucional y ante un hemiciclo casi vacío, como presidenta de la República.
Se suponía que lo hacía para salvar la estabilidad y que convocaría a elecciones de modo inmediato. Transcurrió un año de usurpación del poder, y si se convocó a elecciones para noviembre de 2020 fue por la presión de las protestas sociales y populares.
Tampoco resultó un hecho gratuito que en el salón donde fue posesionada, casi todos los escaños estuviesen desocupados. Las bancadas mayoritarias eran las del MAS, y a sus diputados se les impidió entrar, o no participaron en señal de protesta.
El acto requería el voto mayoritario de los miembros de la Asamblea legislativa, y Jeanine Áñez solo contó con los de la oposición, un tercio del total.
Su anómala asunción constituyó el toque de gracia de la asonada que completaron los militares, obligando la salida de Evo y su vicepresidente, Álvaro García Linera, luego de que la OEA dictaminara falsamente que hubo irregularidades en las elecciones de octubre de 2019, que habían dado como ganador a Morales. Así, el organismo interamericano puso la primera piedra contra la institucionalidad y el orden, y debiera resultar el primer acusado.
De parte de los golpistas, la estrategia sigue siendo afirmar que entonces no hubo golpe de Estado sino «sucesión presidencial constitucional», una voz inaceptable que ha sido desmentida por más de un proceso investigativo a lo largo del último año. En ellos se demostró la ruptura del hilo constitucional y, por lo tanto, la ejecución de un golpe de Estado.
Así lo establece la Sentencia Constitucional 0052/2021, al declarar que la llamada «sucesión ipso facto» que se argumentó para justificar la autoproclamación de Áñez es inconstitucional, recordó el exrepresentante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Bolivia, Denis Recicot.
Sin embargo, Áñez insistirá, en el mejor de los casos, en que los juicios se celebren con ella fuera de la cárcel. Quienes aguardan justicia deben estar rezando porque no sea fuera del país. Ya dos exministros del régimen de facto enrolados en los desmanes — Arturo Murillo, titular de Gobierno y Fernando López, de Defensa— se dieron a la fuga hace más de un año.
El viernes, durante una audiencia virtual para solicitar formalmente el juicio de responsabilidades, los despachos de prensa dijeron que Áñez sufrió un desvanecimiento, luego de presuntos nueve días de su huelga de hambre.
Esperemos que no posea, como actriz, las dotes como gobernanta espuria que, sin compasión, ordenó reprimir a gente indefensa.
