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La policía hace guardia afuera del Congreso después de que el presidente de Perú lo cerró Autor: Reuters Publicado: 01/10/2019 | 11:21 pm
LIMA, octubre 1.— Alrededor de 300 policías fueron desplegados este martes a las afueras del Congreso de Perú, en Lima, luego de que el presidente Martín Vizcarra disolviera el Parlamento y convocase a elecciones para renovar el Congreso. En respuesta, los legisladores nombraron a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, como presidenta interina.
La movilización de las fuerzas de seguridad busca impedir el ingreso al Parlamento de excongresistas que no integren la Comisión Permanente, ya que de acuerdo a la Constitución, una vez disuelto el Congreso, solo los legisladores que formen parte de este órgano los únicos que pueden ingresar al recinto legislativo.
El artículo 134 de la Constitución peruana establece que se deberá convocar a elecciones para conformar un nuevo Congreso dentro de los cuatro meses siguiente a la fecha de disolución.
El despliegue se dio después de que la noche anterior un grupo de manifestantes se enfrentase a la Policía en los alrededores del Congreso de Perú.
Los jefes de las Fuerzas Armadas, además del jefe del Comando Conjunto y de la Policía, manifestaron su lealtad al presidente Vizcarra, a quien llamaron «jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú», reportó Telesur.
Uniformados resguardan el Legislativo tras disolución del Parlamento de Perú. Foto: AFP
En contraparte, los legisladores opositores a Vizcarra desconocieron al mandatario en la mayor crisis política de Perú en las últimas dos décadas.
El presidente del Congreso de la República, Pedro Olaechea, ofreció una conferencia de prensa a medios internacionales, en la que acusó a los medios peruanos de descalificar al Parlamento.
«Tenemos una prensa muy adversa que sigue con el tema que la política es corrupción. Se ha ido tratando de desgastar la figura del Congreso a través de prensa y otros medios que se emplean en gobiernos de este tipo, que tienen tendencia populista», dijo Olaechea, quien aclaró a medios locales que, por el momento, él es el presidente de la Comisión Permanente, lo que complica el panorama, ya que dicha Comisión queda en funciones tras la disolución del Congreso, y «no puede ser disuelta», según establece la Constitución.
Vizcarra convocó a elecciones legislativas para el 26 de enero próximo, por lo que el nuevo Congreso sesionaría hasta julio del 2021, de acuerdo con el periodo constitucional del Parlamento disuelto.
Tras conocerse la disolución del Congreso, el centro de Lima y otras ciudades del país registraron manifestaciones de respaldo a la medida adoptada por el presidente, con gritos como «sí se pudo» o «Perú, te quiero, por eso te defiendo», señaló Telesur.
El conflicto se detonó luego de que Vizcarra resolviera la disolución del Congreso de la República, de mayoría opositora, al considerar denegada la cuestión de confianza planteada por el Ejecutivo, que proponía la modificación del proceso de elección de candidatos al Tribunal Constitucional (TC), bajo el argumento de que, de lo contrario, no se realizaría de manera transparente.
El Parlamento tenía previsto elegir a seis de los siete miembros de ese organismo, y ya había avanzado en la designación de uno, Gonzalo Ortiz de Zevallos, quien logró los 87 votos necesarios para ser magistrado.
Para Vizcarra, la elección de un miembro del Tribunal Constitucional implicaba «la negación fáctica de confianza», por lo que anunció la disolución del Congreso a través de un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano.
El Congreso de Perú denunció en su cuenta de Twitter que no es la primera vez que el presidente Vizcarra argumenta cuestiones de confianza con la amenaza de la disolución del Congreso para «obtener la aprobación de sus propuestas».
Ante lo que denominaron como una «amenaza a la democracia» y al «orden constitucional», los miembros del Congreso peruano enviaron cartas al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, Tijjani Muhammad-Bande, al secretario general de la ONU, António Guterres, y al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.
