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BARCELONA, octubre 27.— En jornada ya marcada por la impactante imagen de la bandera nacional española arriada de edificios públicos, y por el tortuoso parto de la Declaración Unilateral de Independencia (DIU) de Cataluña, el presidente español, Mariano Rajoy, cesó de forma fulminante a su par autonómico Carl Puigdemont luego de que el Senado del Reino autorizara a aplicar contra los rebeldes el artículo 155 de la Constitución.
La insignia del Estado español fue retirada, entre otros lugares, de las fachadas de las sedes municipales y legislaturas de Girona, Tortosa, Figueres, Lleida y también del Parlamento catalán, frente al cual miles de simpatizantes vitorearon la proclamación de una independencia que ha tenido nulo reconocimiento internacional y plantea más interrogantes que nunca.
ANSA reportó que, tras la Declaración secesionista, Rajoy cesó a Puigdemont y a todo su equipo, aprobó la disolución del Parlamento de esa región y convocó a nuevas elecciones en Cataluña el 21 de diciembre.
La decisión fue tomada en el Consejo de Ministros de este viernes. «Son los pasos para devolver la legitimidad democrática» a la región, enfatizó Rajoy, quien considera que los independentistas llevaron a Cataluña «a un callejón sin salida».
Rajoy anunció además el cese del director de los Mossos d’Esquadra (policía catalana), Pere Soler, así como del secretario general de la Consejería de Interior y la extinción del Consejo de Diplomacia Pública (Diplocat) y las llamadas embajadas de Cataluña en el exterior. A ello se añade el cese de los delegados de la Generalitat en Bruselas y Madrid. Todas las medidas entrarán en vigor en cuanto se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Gobierno autorizó la presentación ante el Tribunal Constitucional de un recurso contra la DUI, que quedará suspendida cuando el recurso sea admitido por el Alto Tribunal.
El Senado español abrió la puerta al 155, respaldado por el Partido Popular de Rajoy, el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos, en decisión que se saldó con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
Poco antes, en un viernes trepidante, la mayoría independentista del Parlamento catalán había proclamado una República como «Estado independiente y soberano» y propuesto negociar en igualdad con el Estado español.
Ese texto, refiere AFP, fue aprobado, en votación secreta, por 70 diputados de 135. Previamente, la mayoría de los diputados de la oposición abandonaron la Cámara, en señal de protesta, mientras otros igualmente opuestos a la independencia mostraron a los fotógrafos sus boletas marcadas por el No.
Como si los previos fueran poco, se esperan días aún más tensos. El colectivo En peu de pau (En pie de paz, en catalán) ha difundido una «estrategia no violenta de liberación» dirigida a lanzar campañas de no-cooperación a través de huelgas, boicots y desobediencia civil.
Se presume que decenas de miles de funcionarios catalanes muestren reticencia a cumplir las directrices de Madrid. «No vamos a reconocer la legitimidad de estas autoridades», dijo Marc Casanova, portavoz del sindicato IAC, mayoritario entre los funcionarios de la Generalitat.
El sector educativo se anuncia espinoso. Cataluña practica una política de inmersión lingüística que hace que casi todas las horas lectivas sean en catalán. Ramón Font, portavoz del sindicato Ustec, afirmó que «si me hacen dar en castellano una clase de historia, no lo voy a hacer».
Igual sentimiento se manifiesta en la Policía catalana. Ramón Cossío, portavoz del mayoritario sindicato policial SUP, afirmó que «sería traumático, porque no estaría bien visto que viniese un policía o alguien externo a asumir el control de los Mossos».
