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Gajardo es miembro del Comité Central del Partido Comunista de Chile Autor: Camilo Villa Juica Publicado: 21/09/2017 | 06:04 pm
Hacía años que Jaime Gajardo no montaba una micro, o guagua, como dicen los cubanos. «Por razones de seguridad», confiesa. Por eso al subir al abarrotado P-11 con destino a la Fortaleza San Carlos de la Cabaña, recordó aquellos días cuando impartía clases de Matemática en escuelas de Santiago. Eran otros tiempos, Gajardo aún no era presidente del Colegio de Profesores y la educación no era un tema tan candente en Chile como lo es hoy.
Desde el 2007, cuando asumió la presidencia del gremio, ha estado en la palestra pública. Sabe que tiene enemigos, pero también simpatizantes, no por gusto ha sido reelecto en el cargo en dos ocasiones.
Aprovechando su presencia en Cuba, converso con él acerca de la tan sonada reforma educacional que se abre paso en Chile.
—¿En qué medida la reforma educacional recoge las exigencias del movimiento estudiantil y social?
—Primero debo destacar que a partir de la irrupción de los movimientos sociales en el año 2011, se instalan temas de reformas estructurales al sistema. El gran valor es que fue el mundo social el que puso el tema. Por lo tanto, podemos hablar de un Chile antes y después del 2011. Ahora hay un clima más demandante y proactivo, donde la gente ya quiere ser incidente en los procesos, quiere transformaciones de fondo.
«Y ante ese panorama lo que hace el Gobierno de Michelle Bachelet es recoger parte de esas demandas, no todas, pero una parte importante, y que hoy forman el programa de Gobierno. ¿Qué aspectos comprende esta reforma? Cuatro ámbitos: poner fin al lucro, a la selección y al copago (forma de financiamiento compartida entre el Estado y los padres), lo que hemos llamado el proyecto de inclusión; una política nacional docente; una nueva institucionalidad para desmunicipalizar la educación, que administre las escuelas el Estado y no los municipios; y gratuidad y regulación en el sistema universitario.
«Lo más notorio es que se acaba de aprobar por estos días el proyecto de inclusión, que pone fin al lucro en la educación, fin de la selección, y fin al financiamiento compartido por el copago.
«La implementación de la reforma no ha sido fácil, se ha expuesto a constantes ataques de la oposición acusándola de terminar con la libertad de enseñanza y comenzar una “tiranía” de la educación estatal».
—¿Cuánto de cierto hay en estos señalamientos?
—La implementación de este proyecto ha provocado una fuerte resistencia de los grupos conservadores. Pero la Nueva Mayoría, el oficialismo que conduce al país, está aplicando una política que se llama de mayorías. ¿Qué significa esto?, que como hay mayoría, se da paso para que se pueda avanzar y los proyectos no queden empantanados. A pesar de la contra-campaña, los proyectos salen igual.
—Pero con modificaciones respecto a los proyectos originales...
—Sí, pero son modificaciones colaterales. No destruyen o atacan la esencia de los proyectos. En este minuto más del 50 por ciento de las familias paga por la educación de sus hijos a través de lo que se denomina el financiamiento compartido. Lo que dice el proyecto es que esa plata la deja de pagar el apoderado porque el Estado se la entregará a los sostenedores.
«En el fondo el sostenedor (quien gestiona las escuelas) no va a sufrir ningún deterioro de sus ingresos. Entonces cuando hablan de que esto va a atentar contra la creación de nuevos colegios y hacia más estatismo, es más bien campaña del terror, porque en la práctica los sostenedores van a seguir administrando de la misma forma.
«Lo que sí va a pasar es que no van a poder lucrar, y tampoco hacerlo entre intereses relacionados. Porque existía un método en que un sostenedor de escuela creaba una inmobiliaria, entonces la arrendaba de manera onerosa. Eso era una forma de lucro, que es usar palos blancos y a veces incluso entre familiares. Aquí se erradica eso, se pone un tope».
—El diputado de la llamada bancada estudiantil, Gabriel Boric, criticó el proyecto de inclusión porque a su juicio no hace más que financiar el mercado.
—Si usted lucra y lo utiliza para fines personales, es delito. Tiene que ser todo invertido en el establecimiento. Se permite un lucro dentro de ciertos márgenes, muy limitado y solo para colegios pequeños.
«Plantear que las cosas quedaron igual, es un despropósito.
«Primero hay una definición que dice que los colegios son sin fines de lucro, esa sola definición cambia el paradigma. El debate, que ha sido muy ideologizado, está marcado por un despropósito al decir que esto es estatismo, que atenta contra la libertad de enseñanza y que fortalece el lucro.
«Así también es despropósito decir que esto es más de lo mismo y que al final no pasa nada. Si bien esto no resuelve el problema, nos permite avanzar hacia algo distinto».
—Como Colegio de Profesores ¿han sido partícipes de las negociaciones y acuerdos para avanzar con la reforma?
—La estrategia nuestra como Colegio de Profesores es generar una gran convergencia en estos temas con todos los actores sociales y políticos, y poder avanzar hacia la dirección de los cambios. Esto ha sido nuestra conducta desde un principio. De hecho nosotros somos parte de la Mesa Social. Consideramos que hemos sido actores.
—El proyecto de inclusión aprobado la semana pasada es el primer paso dentro de la reforma…
—Exactamente. Este proyecto es el primero de al menos seis proyectos, solo en materia educacional. Hubo uno sobre los jardines infantiles que inyecta más recursos a la educación preescolar. Después está este proyecto de inclusión que ya está aprobado, y ahora vienen tres más este año.
—¿Cuáles serían?
—Uno de política nacional docente, que es mejorar el magisterio. Es sobre los maestros de Chile que hoy no tenemos nada.
«Paralelo a eso, hay un proyecto de desmunicipalización o nueva institucionalidad, que significa que el total de las escuelas que son municipalizadas serán un servicio local de Educación, dependerán del Ministerio, con una estructura estatal. Esto es un cambio radical.
«Y el tercer proyecto, que tiene esta misma línea, es de gratuidad y regulación al sistema de Educación Superior».
—¿Por qué la regulación?
—Porque hoy no hay una sintonía entre lo que se está formando y lo que demanda el país.
—En el fondo se ofrecerán las plazas que Chile necesite.
—Exacto. Y además, elevar el nivel de acreditación. Hoy más del 30 por ciento de las universidades funcionan sin acreditación, y eso también es una aberración. Tienen que ser todas acreditadas, y con ello asegurar una formación profesional de calidad.
—¿La Universidad que no esté acreditada deberá cerrarse?
—Eso es lo que busca este proyecto.
—Tendrán bastante oposición...
—Se supone que ahora sí va a empezar la guerra. Lo que viene será de mucha confrontación ideológica.
—El proyecto de inclusión recientemente aprobado no menciona nada sobre la calidad, lo que ha sido objeto de críticas, entre las cuales se encuentra la de la Conferencia Episcopal, que dice lamentar la exclusión de este punto.
—Este es un argumento y una interpretación que hace el arzobispado con una visión muy propia de ellos, porque hoy poner fin al lucro en la educación es mejorar la calidad de la educación.
«Cuando un sostenedor está orientado por el lucro y hace de esto una fuente de negocio, toma varias medidas, por ejemplo, contrata el mínimo de personal, tiene un inspector para dos jornadas, contrata a los más jóvenes y despide permanentemente para no gastar en indemnizaciones. Eso deteriora la calidad de la educación».
—La reforma no ha tocado los colegios particulares, que seguirán con la selección y el lucro. ¿Esto no da pie para que este tipo de establecimiento monopolice a los alumnos más aplicados, y por tanto, aumentar la brecha educacional entre ricos y pobres?
—Desde el punto de vista teórico puede ser razonable lo que dices, pero llevémoslo a la realidad chilena. Del ciento por ciento de los colegios del país, los privados, aquellos del «jet set», no alcanzan al siete por ciento de la matrícula. El grueso del sistema es municipal, particular subvencionado y corporativo, los que alcanzan el 93 por ciento de la matrícula. Los particulares son el siete por ciento, entonces, al final no los tocan mucho».
—¿Pero por qué no se toca a ese siete por ciento?
—Porque ahí habría hervido Troya, y eso pone en peligro el proyecto.
—¿Se planteó alguna vez tocar al sector particular?
—Sí, originalmente se hablaba de no selección en ningún nivel y de la gratuidad total. Eso no se logró porque esos sectores son demasiado poderosos, muy privilegiados, y aunque minoría, son muy influyentes.
—Hay estudiantes dentro de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) que se oponen a estas reformas.
— Aquí hay dos frentes de crítica: una que son los sectores de poder, que se oponen y hacen campaña porque ideológicamente no pueden aceptar estos cambios, y también hay otra expresión que es la de los anarquistas, que hablan de la política del todo o nada, que creen que no hay cambios, que las cosas están quedando igual. Entonces unos se oponen por una razón y otros se oponen por otra. En la práctica, ambos se complementan, y al final terminan todos siendo oposición. Aún así la reforma se abre paso.
—Pero con el descontento de las federaciones estudiantiles, la Confech llamó a movilizarse este año…
—Es que ahí hay una expresión que hoy se va a oponer a lo que venga. De hecho las posibilidades de poder avanzar con ellos son nulas. No hay diálogo, y hoy ellos son el sector que tiene una influencia casi abrumadora dentro de las organizaciones estudiantiles. A ellos se les ha invitado al diálogo, pero se ponen de pie y se van.
—Se vislumbra un camino complicado...
—Por eso, así como está el país, los trabajadores de la Educación están llamados a tener un gran rol en lo que viene. Hacemos un llamado a la solidaridad con los trabajadores de la educación en Chile, porque se les viene muy pesada la pista....
