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Un joven palestino sale de su vivienda subterránea, dotada de paneles solares para dar electricidad. Autor: AP Publicado: 21/09/2017 | 05:18 pm
Tiene el récord del oprobio, lamentablemente bien ganado y sostenido, por su actuación durante años, desde que hizo caso omiso a la Resolución de la ONU que determinó la creación de dos Estados, uno israelí y el otro palestino, pero en los tiempos más recientes ha colmado la copa de vilezas.
Hace apenas diez días, Israel aprobó la construcción de 695 nuevas casas en el asentamiento de Shilo, al noreste de Ramalá, donde ya existen 121 viviendas —93 de estas ni siquiera tenían el visto bueno de las autoridades—, pero fueron «legalizadas» de facto, según explicaba el foro del sitio web estadounidense Antiwar.
De inmediato hizo declaraciones condenatorias Robert Serry, coordinador especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en el Medio Oriente: «El anuncio de hoy de Israel de aprobar un gran número de nuevas unidades en la profundidad del territorio ocupado palestino en el asentamiento de Shilo y la legitimación retroactiva en un puesto vecino es deplorable y nos aleja de la meta de una solución de dos Estados».
Con esas construcciones, al mismo tiempo que edifican para su expansión, dejan una simiente de odio insertada en suelo que no les pertenece y algún día deberá ser asiento independiente de otro pueblo. Israel destruye y desaloja metódicamente a los palestinos, con idéntica visión a la expresada no hace mucho por uno de los políticos estadounidenses que aspira a ser el candidato republicano a la presidencia del Gobierno de Washington. Fue Newt Gringich quien dijo que «los palestinos no existen, son una invención».
Una y otra vez, Israel fabrica en la Ribera Occidental, porque se hacen los ciegos ante acciones supuestamente de responsabilidad personal de sus colonos; sin embargo, al mismo tiempo, y oficialmente, destruye por la fuerza los hogares palestinos.
Según datos dados a conocer cuando la ONU llamó hace unos días a que se detuvieran inmediatamente las demoliciones, en el año 2011 un total de 622 viviendas palestinas fueron convertidas en escombros por los buldóceres y casi la mitad de los desplazados eran niños.
El régimen de expansión está bien planificado y al mismo tiempo se crean nuevas barreras militares de separación; enormes muros de concreto se erigen como obstáculos al libre movimiento, se niegan el acceso y el derecho a recursos naturales como el agua y las tierras de cultivo, y se afianza la dependencia palestina.
Leyes para la ignominia
Por supuesto, con esta política que tiene ya 45 años de instauración, el Gobierno de Israel se burla de las convenciones de Ginebra que prohíben que civiles se asienten en territorios ocupados, así como de veredictos del Tribunal Internacional de Justicia y pronunciamientos del Comité Internacional de la Cruz Roja.
La violenta transgresión de leyes y derechos tiene otras aristas. La Corte Suprema de Tel Aviv refrendó a finales de 2011 y comienzos de este año, una serie de decisiones que «ayudan a legitimar las evidentes violaciones de las obligaciones legales internacionales de Israel», según denunció Human Rights Watch (HRW).
Citaban como muestra la Ley de Ciudadanía y admisión a Israel, que prohíbe la entrada de los palestinos de la Ribera Occidental y Gaza que pretendan la unificación familiar con sus cónyuges, árabes con ciudadanía israelí, porque no debe olvidarse que entre el 20 y el 25 por ciento de la población de Israel es de origen árabe, y con ello violan las leyes internacionales que prohíben la discriminación. Esta ley afecta también a los palestinos de Siria, Líbano, Irán e Iraq, porque son considerados como «una amenaza».
Por el contrario, bajo la Ley del Retorno de 1950, los judíos nacidos en el extranjero y los no-judíos que se casen con ciudadanos de Israel obtienen la residencia y el estatus de ciudadanos en un período de cuatro años.
Otra decisión de la alta instancia judicial criticada por HRW había rechazado una petición para que cesaran las operaciones de compañías israelíes que extraen el 94 por ciento de su producción de los valiosos materiales para la construcción de las canteras de la Ribera Occidental, un recurso natural no renovable que obtienen sin ninguna compensación para la población de los territorios ocupados.
Los asentamientos israelíes: Un escollo para la paz
A partir de la guerra de los Seis Días de 1967 contra Egipto y Jordania, cuando Israel se apoderó de Gaza —hasta entonces controlada por Egipto— y de Cisjordania —bajo control del reino de Jordania—, territorios que de acuerdo con la resolución de la ONU formarían buena parte del Estado palestino, Israel comenzó esta política de crear urbanizaciones. Los asentamientos han ido creciendo desde entonces y se consideran avanzadas poblacionales, económicas y sobre todo militares para impedir la puesta en práctica de la decisión de la ONU o cuando menos utilizarlos como elementos de negociación.
En el colmo de la desvergüenza, hace apenas una semana el miembro del Knesset (Parlamento) israelí, Danny Danon; la mitad de los 27 diputados del partido Likud, y el ex director del Consejo Yesha, Naftali Bennett, presentaron un proyecto de ley por el que se anexarían el 60 por ciento de la Ribera Occidental, es decir el Área C, donde están las tierras más fértiles y los mayores recursos naturales, y en «compensación» permitirían la «naturalización» de hasta 50 000 palestinos.
Ese despliegue poblacional puede ser visto como la puesta en práctica de la doctrina hitleriana del espacio vital por quienes una vez fueron víctimas de aquel engendro maligno. En 1967 habitaban el Valle del Jordán unos 250 000 palestinos, y para el segundo lustro de este milenio apenas llegan a 50 000.
Demasiado fácil la explicación para el fenómeno; además del desalojo y la práctica del buldoceo, los palestinos tienen prohibido construir en esa que llaman la Zona C y tampoco pueden tomar habitáculo en un diez por ciento de Cisjordania, territorio declarado por la administración israelí como «reservas naturales» para la preservación de la fauna, aunque se dice que en realidad son zonas de entrenamiento militar.
Cortarles el agua y la luz
La frase de «cortarles el agua y la luz» encaja en el panorama de la confrontación israelo-palestino y en la política de asegurar el territorio para su población. Desde hace dos años, en el Área C han sido demolidas 45 cisternas o edificaciones para el almacenamiento del agua de lluvia construidas por los palestinos, privándolos del líquido vital, tan escaso en la región. En ese sector hay ya 124 asentamientos judíos.
Las otras dos áreas localizadas por los Acuerdos de Oslo de 1993 son la Zona A, que incluye a las mayores ciudades palestinas y está bajo control de la Autoridad Nacional Palestina; y la Zona B, bajo control compartido israelo-palestino.
El agua es un factor político de poder, por su escasez, y un artículo de EUObserver de hace unos meses citaba un documento oficial francés, La geopolítica del agua, en el que se valoraban los intereses hídricos de Israel. También en el sitio web Palestinalibre se explicaba que los mantos acuíferos de la ciudad palestina de Qalquilya son de hecho la segunda cuenca más grande después del río Jordán y forman parte de la avidez sionista, que pretende también controlar las aguas del río Litani, al sur del Líbano.
En esa política deshumanizada, estos índices dicen mucho, y cito el artículo de Palestina Libre: «Israel es un país que posee una de las más altas tasas de consumo per cápita en Medio Oriente. Su población consume agua de Cisjordania para abastecer a ciudades como Jerusalén, Tel Aviv, Be’ersheva y la franja costera, hasta Haifa; además, la utiliza para la irrigación de enormes extensiones de tierras; a los palestinos solo se les permite utilizarla para uso doméstico, pero de manera reducida».
La foto que se muestra en este trabajo dice mucho de la actitud fascistoide de Israel, de su marcado interés en exterminar a un pueblo, porque la luz es otra de las necesidades básicas que se les niega. ¡Y hasta el Sol! Durante años, no pocas aldeas de la Ribera Occidental han carecido de energía eléctrica, pero hace apenas tres años, un fondo internacional y dos ingenieros israelíes hartos del conflicto hicieron posible que se instalaran paneles solares y turbinas de molinos de viento que beneficiaron a 15 comunidades con 1 500 residentes palestinos en casas cavadas en el árido suelo.
Ese programa de energía sustentable instalado en zonas rurales del Área C está ahora mismo amenazado por las autoridades ocupantes, dispuestas a demolerlo porque las estructuras descansan sobre territorio bajo su «administración».
El sitio web estadounidense Common Dreams y el diario alemán Der Spiegel publicaron sobre esa situación y advertían que ya se había dado la orden de «detener los trabajos», lo que se consideraba el primer paso en el camino hacia la demolición de los paneles que no tenían el permiso de construcción requerido. Otro proyecto similar, con financiamiento español, ya fue destruido hace unos meses.
Como resultado, actualmente en los poblados de los colonos habitan casi medio millón de israelíes —que, además, son en su mayoría defensores a ultranza del llamado Gran Israel, un emporio que iría desde el río Jordán hasta el Mar Mediterráneo— y ocupan casi el 40 por ciento del territorio donde debe asentarse el Estado de Palestina. Esto constituye un atascadero enorme en las negociaciones de paz, e Israel no ha hecho más que acrecentarlo. Este 2012 comenzó con el incremento de viviendas en el asentamiento de Shilo.
En enero, Maxwell Gaylard, coordinador humanitario de la ONU para los territorios palestinos ocupados, hablaba del extenso sufrimiento humano que provocaban las demoliciones, tras visitar la aldea Anata, cerca de Jerusalén, donde el 23 de enero, en medio de la noche, los soldados habían derribado siete hogares palestinos y desalojado a 52 personas, incluidos 29 niños, quienes fueron forzados a dejar sus pobres casas, totalmente destruidas. La crueldad extrema hizo que en Anata, las fuerzas sionistas demolieran por quinta vez desde 1994 la casa de Beit Arabiya. Pero es evidente que esa familia sabe que es su tierra y su derecho.
Un reporte de enero de la Unión Europea reconocía y advertía que si esta situación no es revertida, se hará inviable el establecimiento de un Estado palestino en las fronteras acordadas en 1967. Esa es la intención, comentan muchos.
¿Será que el mundo debe presenciar inmutable la colonización ordenada, metódica, sistemática e impune de Palestina?
