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Comunidades indígenas y representantes del Gobierno panameño iniciaron negociaciones este martes, en torno a una ley minera que ha provocado protestas y enfrentamientos durante las últimas semanas en la nación centroamericana, según Telesur.
«Vamos a revisar el acuerdo porque se habló que había que liberar todos los detenidos si nosotros levantábamos la manifestación, pero tenemos informes extraoficiales que (dicen que) tenemos todavía compañeros detenidos», manifestó este martes el portavoz de los indígenas, Alberto Montezuma a una radio local.
Las reuniones tienen lugar en la población de San Félix, en la provincia panameña de Chiriquí (oeste), foco de las protestas por parte de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derecho del Pueblo Ngobe.
La ronda de negociaciones la encabezan el cacique general Rogelio Montezuma, presidente de la Coordinadora, y la viceministra panameña de la Presidencia, María Fábrega, cada uno con una numerosa delegación que incluye autoridades indígenas, diputados y la Iglesia católica.
El pasado domingo, el Gobierno se comprometió con los indígenas a crear una ley para prohibir la exploración y explotación minera en sus territorios, así como a liberar los detenidos en las protestas a cambio de la apertura de carreteras, que eran bloqueadas por miles de manifestantes.
El Gobierno también aceptó iniciar un diálogo, con mediación de la Iglesia católica, para tratar distintas reivindicaciones de las comunidades indígenas.
El pasado 23 de febrero, se iniciaron las manifestaciones contra la ley, las cuales dejaron un veintena de detenidos.
Los indígenas panameños continuaron la lucha por la derogación de la ley pese a la represión.
La Ley 8 (ocho), decretada el 11 de febrero por el Gobierno y avalada por el Congreso, permite la explotación a cielo abierto de los yacimientos minerales, en especial el cobre.
Además, ese instrumento jurídico facilita la intervención de empresas extranjeras con el peligro de una pérdida de soberanía en el sector.
El Gobierno panameño trató de apaciguar sin éxito el descontento indígena con un decreto que prohíbe la extracción minera en territorios nativos.
Panamá cuenta con reservas de oro y cobre que, según las autoridades, podrían convertirse en la segunda fuente de ingresos después del canal interoceánico que atravieza el país.
