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El gobierno de Ecuador llega esta semana a su tercer aniversario de Revolución Ciudadana con una política salarial que promueve el salario digno como base para resolver la inequidad social existente en el país, informó PL.
Así lo reafirmó en su última cadena radiotelevisiva el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, cuando se refirió al aumento decretado del salario básico de 218 a 240 dólares mensuales, como una de las primeras medidas para alcanzar el denominado «salario digno».
Indicó Correa que la equidad buscada se consigue cobrando impuestos más justos a la gente que más gana y que deberán pagar mejor a sus trabajadores.
Precisó que ninguna empresa en Ecuador podrá declarar utilidades hasta que el último de sus trabajadores haya ganado 320 dólares, monto que multiplicado por el promedio de 1,6 empleados por núcleo familiar permitiría casi adquirir la canasta básica calculada en 517 dólares mensuales.
Citó el caso de Cervecería Nacional, la cual ya ha propuesto que todos sus trabajadores ganen como mínimo los 320 dólares, y destacó como sólo con el anuncio ya se está logrando mayor justicia laboral para cambiar un país tremendamente injusto en cuanto a salarios.
El ministro de Relaciones Laborales, Richard Espinosa, explicó que el salario básico unificado se obtiene considerando tres factores: inflación, índice de productividad e incremento por equidad.
El reciente aumento de 22 dólares del salario básico es para todos los sectores equivalente a un 10 por ciento; pero para artesanos, trabajadores de la pequeña industria, del sector agrícola y la maquila, es del 30 por ciento; y del 20 por ciento para el servicio doméstico.
«El objetivo es dar a la relación capital-trabajo un enfoque dirigido al desarrollo de los trabajadores y a la justicia laboral, sustentada en una estructura integral sostenible y con base jurídica y legal adecuada», indicó el ministro Espinosa.
Dentro de esta política, agregó, se plantea impulsar reformas legales que posibiliten el pago de utilidades a los trabajadores en acciones, a solicitud de estos en las empresas que voluntariamente deseen hacerlo, y para lo cual el Estado les facilitará créditos.
