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Como cuentas de un colgante roto, las bases que Estados Unidos planea usar en ese país sudamericano se desgranan por el centro y el noroeste del territorio, y amenazan a toda Latinoamérica

Inconforme como unos cuantos en Colombia, un político opositor ha estimado que conceder nuevas zonas de su territorio al uso de los militares de Estados Unidos, será como brindar el balcón de la casa a un extraño para que fisgonee al vecino.

Pero el acuerdo entre Washington y Bogotá, que abrirá las puertas de entre tres y cinco enclaves de las fuerzas armadas de Colombia a los norteamericanos, dejará al Pentágono aún más altos y jugosos dividendos que la vigilancia mera.

La alarma empezó a rodar hará unas dos semanas, cuando el general Freddy Padilla —encargado del Ministerio de Defensa colombiano después de la renuncia de Juan Manuel Santos—, confirmó la existencia de las negociaciones que transcurren hace meses, y de las que queda solo una última y quinta ronda.

Aunque se mascullaba desde hace un año que, en efecto, Estados Unidos buscaría en esa nación la base «sustituta» de la ecuatoriana Manta, ningún momento parecía más apropiado que este para dar a conocer las tratativas.

El histórico último vuelo operativo de las naves estadounidenses desde la localidad ecuatoriana, el 17 de julio, marcó la salida de los yanquis de ese enclave, que tendrán que vaciar y devolver definitivamente a Quito el cercano 15 de septiembre. Así, la «necesidad» de buscar una base reemplazante argumentaba la «mudanza» a Colombia.

...Y, paradójicamente, el acto de soberanía de un Ecuador que clamó por la expulsión de los yanquis, se negó a renovar el contrato ahora vencido y hasta prohibió las bases extranjeras en su nueva Constitución, se ha convertido en disgusto para muchos colombianos que aducen, entre otras razones, la falta de una discusión, al menos en el Congreso.

Washington, por su parte, puso sobre el tapete la «necesidad» de «cuidar» la región, amparado en la vieja, falsa y, por eso, inoperante cruzada contra un narcotráfico que crece alentado por el consumo en EE.UU. Personajes como el ex subsecretario de Estado norteamericano Peter DeShazo se apresuraron entonces a explicar que era «prioridad» la búsqueda de otra localidad con «iguales características» que Manta.

Sin embargo, las potencialidades yanquis se multiplicarán mediante el acuerdo en fragua con Colombia, donde el Pentágono resolverá más entuertos que los ocasionados por su retirada de Ecuador.

Evidentemente no se trata de una simple permuta, sino de una concepción geoestratégica bien pensada que ratifica la manera dura en que Estados Unidos pretende seguir velando por sus intereses hegemónicos en Latinoamérica, como para que no nos quede ninguna duda. Y, por añadidura, incluso mejorará las conexiones del Pentágono más allá de nuestro hemisferio.

Aun cuando se sabe de su potencia y se afirma que tuvo una participación definitoria en el operativo el año pasado contra un campamento de las FARC en Sucumbíos, Ecuador, la base norteamericana de Manta parece diminuta en comparación con la parafernalia bélica que el Pentágono quiere trasladar a Colombia.

Clasificada como un Puesto Operativo de Avanzada (FOL, en inglés), según la concepción yanqui que desarrolló en los últimos años enclaves medianos y pequeños con potentes medios para espiar, comunicar y asegurar el desplazamiento rápido de los marines, Manta brindó a EE.UU servicios que ahora van a multiplicarse.

Los trascendidos indican que mediante el acuerdo está seguro el uso por los halcones de al menos tres de los principales enclaves militares colombianos. La base de Palanquero, en Puerto Salgar, Cundinamarca, al centro del país, es la mayor y al parecer más apetecida. Pero no menos importantes son la de Apiay, un poco más al sur, en el Meta, y la de Malambo, en el departamento Atlántico, muy cerca de La Guajira.

La ubicación del trío conforma un semicírculo que virtualmente rodea a Venezuela, sin contar la vecindad de Malambo con la caliente península guajira, que ambas naciones comparten, y cuya presencia como municipio dentro del venezolano estado de Zulia explica una de las maneras en que el acuerdo puede ser usado por Washington para hostilizar a Venezuela.

Con una gobernación en manos opositoras y deudas sociales que el gobierno de Chávez se esmera en paliar, en el Zulia se ha denunciado la presencia de paramilitares y de no madurados proyectos secesionistas.

Pero también la nación ecuatoriana, que sacó a los gringos de su territorio, estará a un palmo de narices de sus efectivos y de sus sofisticados equipos espías. Aunque se barajaron otras variantes, los últimos trascendidos afirman que, no conformes, los altos mandos estadounidenses están buscando también la concesión de la base de Bahía Málaga, a no mucha distancia de Ecuador y de Brasil, así como la de Cartagena, en el departamento de ese nombre.

Si todo sale así, la presencia estadounidense en Colombia se desgranará como cuentas de un collar repartidas desde el centro y por todo el noroeste del territorio. Serían tres bases aéreas —Palanquero, Apiay y Malambo—, y dos navales —las de Cartagena y Málaga—, y con ellas estará asegurado el desplazamiento yanqui hacia el Atlántico, el Pacífico y el Caribe.

Receptora de cinco mil millones de dólares provenientes de Washington en los últimos años por medio del Plan Colombia, la nación andina no se desayuna con la presencia militar norteamericana. Solo que ahora, obviamente, se trata de un entramado mayor que amenaza salirse del balcón y abalanzarse sobre el vecindario.

Pero los planes para Palanquero son de mayor peso y llegarían hasta otras regiones, a tenor con un informe estadounidense obtenido y develado a fines de mayo por el diario colombiano Tiempo, que señala el interés del Comando Sur en esa base y su deseo de convertirla en lo que decentemente los yanquis denominan Localidad de Cooperación en Seguridad (CSL en inglés).

Elaborado por el Comando Aéreo para la Movilidad (AMC) de la Fuerza Aérea de EE.UU., el documento es considerado una suerte de planeamiento donde se consignan los objetivos de ese cuerpo hasta el año 2025, para dotarse de los corredores aéreos y las bases que le permitan mayor alcance en sus operaciones, explicó el rotativo.

El texto da señales inequívocas de alerta cuando habla de la relevancia que el AMC concede al enclave de Palanquero, identificado por el Comando Sur como «un punto en el continente sudamericano que puede usarse tanto para “operaciones antinarcóticos”» como para ejecutar lo que denomina «operaciones de movilidad».

Desde allí, añade, un avión C-17 podría recorrer «casi la mitad del continente sin reabastecerse» y, con el combustible apropiado, su totalidad, «con excepción del Cabo de Hornos», al sur de Chile.

Denominado Estrategia Global en Ruta, el documento muestra cómo ya los del AMC se afilan los dientes para catapultarse desde allí al continente africano.

«Incluir a Sudamérica en la estrategia de ruta global (...) ayuda a materializar nuestra estrategia de “compromiso” con la región, y asiste con la movilidad en la ruta hacia África», reconoce.

Obviamente, el Comando Sur no acaba de resignarse a su ausencia de Panamá, de donde retornó a Florida después del 2000, y sigue buscando paliativos.

Para más señas, también se ha conocido que el comité para los Servicios Armados del Congreso ha estipulado que Palanquero no sea usado como un Punto de Cooperación para la Seguridad con tropas permanentes, si no hay certificación de que Colombia «no obstaculiza la posibilidad del Comando Sur de ejecutar su “estrategia antinarcóticos” en la región».

Aunque algunos lo interpretan como un deseo de la Cámara de Representantes —que lo incluyó en un proyecto de ley— de frenar tan ambicioso despliegue bélico, la maniobra congresional también podría garantizar que la inversión en Palanquero se haga al seguro.

Se ha conocido que en su proyecto de presupuesto para el año que viene, el presidente Obama ya solicitó al Congreso una partida de 46 millones de dólares para acondicionar y modernizar esa base antes que lleguen sus tropas.

Aunque el presupuesto para la continuación del Plan Colombia el próximo año ya fue concedido, algunos piensan que, con todo lo que llegará a la nación andina en virtud del nuevo acuerdo, ni falta haría.

Aunque oficialmente no ha trascendido lo que se negocia, expertos citados por la influyente revista colombiana Cambio afirmaron esta semana que el acuerdo supondría la concesión de las bases a Estados Unidos por diez años.

El borrador del convenio —siempre según la revista— estipularía que un comité nacional sería el que autorizaría la cantidad de efectivos y equipos que entrarían a Colombia. Pero otras fuentes aseveran que la cantidad de militares norteamericanos en virtud del pacto no superaría la nada exigua cantidad permitida hasta hoy de 800 efectivos y, además, 600 de esos que ahora denominan «contratistas».

Estados Unidos, dijo la publicación, busca el libre acceso, circulación y utilización de las bases, pero Bogotá exige un «acuerdo de aplicación» para establecer controles en la movilización militar estadounidense.

Sin embargo, ninguno de esos recaudos alcanza a calmar la preocupación que el proyectado despliegue norteamericano en Colombia suscita dentro del propio país, y entre sus vecinos.

Según el proyecto comentado en Cambio, el acuerdo sustenta que «los esfuerzos de las partes para promover la paz y la seguridad en áreas de interés mutuo requieren la presencia de fuerzas de Estados Unidos» en territorio colombiano, y habla de «ejercicios combinados» para enfrentar lo que llama «amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia».

¿Paz, estabilidad, democracia al estilo de Estados Unidos? Ciertamente, las cosas pintan mal.