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CARACAS, mayo 21.— Nuevos centros del sector de los hidrocarburos que estaban en manos privadas pasaron a control del Estado venezolano, con su asunción de tres plantas de operaciones de gas en el estado Monagas, cuyo manejo va ahora a PDVSA.
Se trata del Complejo de Compresión e inyección de gas de alta presión de las plantas PIGAP II, Furrial (IGF) y Jusepín 9 (PCJ-9), que era operado por la transnacional Wilpro Energy Services, y garantiza el procesamiento de 500 000 barriles diarios de petróleo en la División de Oriente.
Las plantas se suman a las empresas recuperadas en el Lago de Maracaibo, que estaban en poder de contratistas hasta la entrada en vigor, a principios de mayo, de la Ley Orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de los hidrocarburos.
En cadena radial y televisiva, el presidente Hugo Chávez señaló que la medida forma parte del acto de soberanía que impulsa el Gobierno para adelantar proyectos de desarrollo que beneficien al pueblo venezolano.
«Seguiremos avanzando», puntualizó el Jefe de Estado, quien recorrió las instalaciones y también comentó: «Todo lo que fue la privatización de PDVSA llegó a extremos de degeneración (...) Ahora estamos liberando estas tierras, liberando el subsuelo. Comienza una nueva etapa de compromiso mayor».
Por su parte, el ministro para la Energía y Petróleo, Rafael Ramírez expresó que el país está «en la ofensiva con la construcción de nuestro socialismo; estamos aquí haciendo cumplir las leyes y nuestra Constitución... Estamos sustituyendo el capital transnacional, la propiedad privada por la propiedad social».
Ramírez puntualizó que 8 152 trabajadores en Maracaibo fueron liberados de la llamada tercerización y, además, se han recuperado allí otras 39 empresas, más de 632 equipos de plantas, 297 lanchas, 17 muelles, cinco astilleros y seis diques de reparación, a tenor con la Ley orgánica que cede al Estado el control de actividades relacionadas con los hidrocarburos tales como empresas de inyección de agua, vapor o gas, de transporte de trabajadores y de prestación de otros servicios en la industria petrolera.
Con las de Monagas, las plantas recuperadas ascienden a 74. Se estima que en la medida que el proceso avance, cerca de 8 000 trabajadores serán absorbidos por PDVSA.
La norma otorga una indemnización a las empresas expropiadas y garantiza la estabilidad laboral de los venezolanos que trabajaban en las instalaciones, explicó ABN.
