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Conalcam y COB en presencia del presidente Evo Morales celebran pacto en defensa de la unidad e integridad del territorio nacional de Bolivia. Foto: ABI LA PAZ.— El presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este miércoles que Estados Unidos no tiene moral ni ética para incluir a Bolivia en la «lista negra» de países que, supuestamente, no combaten decididamente el narcotráfico y rechazó enérgicamente esa decisión de descertificar a su país, por considerarla una represalia política.
Así lo manifestó el mandatario boliviano, en ocasión de participar de la suscripción de un contrato transaccional entre la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Shell Gas, que era accionaria de la nacionalizada Transredes, reportó la agencia ABI.
En realidad el mercado es el que da cabida a este mal, dijo y criticó el hecho de que Washington imponga a los países latinoamericanos «cero de coca» y no se aplique el «cero de drogadictos».
Estados Unidos también incluyó en esa lista a Venezuela, y coincidentemente la decisión de la administración de George W. Bush fue asumida a seis días de la expulsión de Bolivia del embajador estadounidense, Philip Goldberg, acusado por el gobierno boliviano de liderar el plan desestabilizador y separatista junto a los prefectos opositores a la gestión gubernamental y en solidaridad con ese gesto soberano, también el presidente Hugo Chávez despidió al embajador norteamericano en Caracas.
«Si no se expulsaba a Goldberg no había descertificación. Por eso digo que este tema es político», aseveró el mandatario, quien fue enfático al señalar que es hora de poner un freno a los instrumentos del imperio, que bajo el pretexto de lucha contra el narcotráfico, ejerció el control político de la región e instaló bases militares en los países.
Asimismo, el presidente Evo anunció que acabará con las ONG como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que conspiran permanentemente contra su gobierno.
También este miércoles, la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) y la Central Obrera Boliviana (COB) suscribieron un pacto unitario e histórico para defender la democracia, la unidad e integridad del territorio nacional, en presencia del presidente Evo Morales Ayma y otras autoridades gubernamentales, sindicales y sociales.
Los dirigentes de la Conalcam y la COB en su acuerdo de siete puntos apoyaron la expulsión del diplomático estadounidense, la declaratoria del estado de sitio en el departamento de Pando donde tuvo lugar la masacre de campesinos y estudiantes, y denunciaron que la sangrienta agresión fue cometida por sicarios extranjeros, funcionarios de la Prefectura y cívicos de Cobija por instrucción del prefecto Leopoldo Fernández, quien se encuentra detenido desde la víspera.
Al comentar la situación actual en Bolivia, que recibió en reunión extraordinaria en Chile el unánime apoyo de los presidentes de la Unión Nacional Sudamericana (Unasur) —y este miércoles fueron firmados también por España, dijo Notimex—, la agencia Reuters consideró que el primer presidente indígena de Bolivia «manejó con habilidad una violenta crisis política de la cual salió fortalecido para abrir conversaciones con los gobernadores opositores que se resisten a sus reformas socialistas».
Subraya también que tras la matanza de al menos 17 campesinos, los soldados movilizados por el gobierno boliviano para proteger las instalaciones estatales y ejecutar el estado de excepción mostraron moderación y evitaron enfrentamientos.
Un editorial de El Deber, uno de los principales periódicos de la oposición en el rico distrito oriental de Santa Cruz, admitió que el presidente del país fue «innegablemente fortalecido» por los presidentes sudamericanos, mientras la oposición «debe replantearse su estrategia».
Los prefectos y cívicos de Santa Cruz, Tarija, Pando, Beni y Chuquisaca plantean una autonomía prácticamente separatista, control sobre los ingresos estatales provenientes del impuesto al petróleo —que Evo destinó a una renta para los ancianos del país—, y rechazan la nueva Constitución que será sometida a referendo en enero de 2009, convocatoria que pidió Morales al Congreso aprobar la próxima semana.
Estos temas serán discutidos por el Presidente y los opositores en acuerdo alcanzado el martes.
Por otra parte, la AFP reporta desde Santa Cruz que el comité cívico popular del barrio Plan 3000, cuyos residentes apoyan a Evo Morales, dio un ultimátum de 48 horas al prefecto Rubén Costas para presentar su renuncia, y si no marcharán pacíficamente el viernes hacia el centro de la ciudad, en apoyo a los campesinos leales al presidente que mantienen bloqueadas tres rutas hacia la capital departamental de ese bastión de la oposición oligárquica.
