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No hay recato: ¡el ladrón acusando al robado! Solo así puede interpretarse la demanda presentada por la compañía petrolera estadounidense Oxy ante un tribunal británico, para que el Estado ecuatoriano le abone nada menos que 160 millones de dólares, que supuestamente le deben a tenor de su finiquitada presencia en Ecuador, y alegados débitos en razón del Impuesto al Valor Agregado.
Más allá del complejo entramado técnico, la exigencia resulta una verdadera falacia, a ojos vista. No hace falta conocer al detalle la modalidad del extorsionador negocio clausurado, para entender que si la Occidental Petroleum se ajustara a la verdad, recordaría que fue ella la primera en incumplir con sus pagos a Ecuador. En consecuencia, en marzo de 2006, fueron declarados caducos sus contratos.
De tal suerte, es justo ahora que la Oxy aguarde un poco —tanto como ella ha hecho esperar— y deje tiempo a que la contraparte saque sus propias cuentas y, cuanto menos, reste la diferencia. Según estimados, Oxy debe unos 30 millones de dólares a los ecuatorianos.
El deseo de presionar es obvio. Su desfachatada acción ante las cortes en Londres se suma al arbitraje solicitado por la transnacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), para que Ecuador la indemnice con mil millones —y este es su dolor real—, debido a la declaratoria de caducidad de sus contratos, y lo que mentirosamente ha llamado «confiscación ilegal» de los campos petroleros ecuatorianos —no suyos— que explotaba.
El entuerto pone de manifiesto otra vez la arrogancia de las grandes transnacionales que, después de enriquecerse con el saqueo de los recursos naturales de las naciones pobres, se dan el lujo de apelar sus primeras decisiones tomadas en décadas, en defensa de la soberanía nacional. ¡Así de acostumbradas estaban al desfalco impune!
La noticia que da cuenta del reclamo de Oxy tiene lugar apenas unos días después de que el Tribunal de Inglaterra y Gales fallara a favor de la estatal Petróleos de Venezuela frente a la intención de otro poderoso consorcio estadounidense (ExxonMobil), de congelar parte del dinero de PDVSA, hasta que el propio CIADI dirima el litigio establecido por la transnacional, en razón de su inconformidad con los nuevos contratos petroleros planteados por Venezuela. El asunto no es el mismo, pero es igual. Lo concreto es que las grandes firmas extranjeras están heridas de muerte en sus ganancias, y en su prepotencia.
En el caso ecuatoriano, el planteo de Oxy resulta doblemente bochornoso. Cuando el presidente Rafael Correa tomó el poder, la ley nacional que establecía el término de sus contratos por incumplir con los pagos al país, era ya una demanda enarbolada en las calles por un pueblo cansado del irrespeto y el desfalco. «Desde cuando Velasco Ibarra, en la llamada ‘Guerra del atún’, enfrentó a los pesqueros californianos y a Estados Unidos, no había visto el Ecuador un gesto-gesta de esta alta clase en defensa de su soberanía conculcada», editorializó un periódico local, al comentar la medida.
Para esas fechas, el gobierno precedente, encabezado por Alfredo Palacio, había decretado la todavía sobria medida de que el 50 por ciento de las ganancias extras que se llevaban las transnacionales en razón del aumento de los precios del crudo, se quedara en Ecuador. Oxy no cumplió.
Mucho menos asumiría ahora la justa medida proclamada por el ejecutivo de Correa, para que se quede en Ecuador el 99 por ciento de esas ganancias excedentes, sin que todavía se hubiera tocado un ápice la modalidad de los viejos convenios. Solo se trataba de que la mayor parte del extra, se quedase en el país. ¿Acaso no es justo?
Ahora, en su anunciada recuperación del petróleo, el gobierno de Correa aspira a formular nuevos contratos que den a Ecuador el lugar que le corresponde, con cláusulas que incrementarán la participación del país en los negocios, y donde las compañías extranjeras podrían dejar de ser socias para figurar como firmas contratadas por el Estado.
La problemática encierra, ante todo, la reivindicación de la dignidad y la soberanía de Ecuador. Pero, también, la posibilidad de que las riquezas nacionales dejen de ser saqueadas, y su explotación redunde, de una buena vez, en beneficio de la gente.
Y con todo lo que Oxy le ha esquilmado al pueblo ecuatoriano, ya debería darse por pagada.
