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Nuestro patrimonio cultural y natural. Autor: Abel Rojas Barallobre Publicado: 08/11/2023 | 11:21 pm
Cuba cuenta con una nueva normativa legal que regula la protección del patrimonio cultural y natural de la nación, la importación y exportación de bienes culturales, inscritos o no como patrimonio cultural, los sujetos de la gestión patrimonial y sus atribuciones generales.
La Ley 155/2022 General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural, aprobada en la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022 y puesta en vigor el 7 de septiembre de 2023, y su Decreto 92/2023, ya están en la Gaceta Oficial ordinaria No 84.
Con ello se actualiza el funcionamiento ordenado, racional y orgánico de los museos, se reconoce a los principales actores de la gestión patrimonial y sus funciones generales, en cuanto a la protección del patrimonio cultural y el patrimonio natural.
También define los derechos, las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones del Estado, los gobiernos, organismos e instituciones, personas naturales y jurídicas, unido a los comportamientos contravencionales para la protección de las manifestaciones culturales inmateriales y los bienes culturales muebles e inmuebles. Se impone dialogar al respecto con Sonia Pérez Mojena, presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba.
—¿Qué distingue esta nueva legislación de la anterior?
—Ante todo, la actualización de la gestión en correspondencia con la experiencia internacional, y la implementación de disposiciones para hacer más eficaces los procesos de identificación, socialización, rescate y conservación de todo nuestro patrimonio. Somos estado parte de convenciones internacionales relativas al patrimonio y no lo teníamos en correspondencia con la realidad en Cuba.
«Se incorporan las categorías de patrimonio cultural y patrimonio natural. Establece los principios, requisitos y las regulaciones para la protección de las manifestaciones culturales inmateriales. Además, se actualiza lo regulado sobre museos.
«También se esclarecen los derechos de los ciudadanos en el ámbito del patrimonio, los derechos en términos de la protección de su patrimonio, de participar en los procesos de gestión, tanto en la identificación como en proponer bienes o manifestaciones que considere que deben ser protegidos».
Recuerda Pérez Mojena que la conservación del patrimonio cultural de la nación ha sido preocupación del Estado desde los momentos fundacionales de la Revolución: «Está refrendada en la Constitución de la República en varios artículos (8, 13, 32 y 90) y en la Ley 1 sobre la Protección al Patrimonio Cultural, la Ley 2 sobre los Monumentos Nacionales y Locales, y la Ley 106 relativa al Sistema Nacional de Museos, así como en los decretos contentivos de los reglamentos de estas leyes.
«La adopción de la nueva ley responde a la implementación de la Política para la protección y salvaguarda del patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación, y a la voluntad de eliminar la dispersión jurídica que existía en relación con la protección del patrimonio cultural, de forma que contribuya a ordenar, actualizar y perfeccionar su protección.
«Al entrar en vigor contribuirá a la revalorización continua de las culturas y las identidades, así como a la participación ciudadana, como vehículos para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones».
—¿Cómo se elaboró la norma?
—Para la elaboración de la norma se conformó un grupo de trabajo temporal, integrado por 35 miembros de nueve organismos. Se trabajó de abril a diciembre de 2020, y quedó aprobada dicha ley en mayo de 2022 por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Posteriormente se trabajó en la elaboración del reglamento de la norma.
«Se realizaron numerosas conciliaciones y consultas especializadas con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma); el Ministerio de Energías y Minas, el Ministerio de Justicia, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, los gobiernos, las direcciones provinciales de
cultura y de Patrimonio Cultural, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la Asociación Hermanos Saíz.
«Durante el proceso de consulta especializada se realizaron más de 30 encuentros presenciales o virtuales, en los cuales participaron más de 300 personas. Además, se recibieron criterios de la población para un total de mil opiniones.
«Podemos asegurar que la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural será un paso trascendental en la consolidación de la política del Estado cubano para cuidar el legado cultural y natural de la nación. La actualización de su gestión en correspondencia con la experiencia
internacional y la implementación de disposiciones que permitan hacer más eficaces los procesos para su identificación, socialización, rescate y conservación».
—¿Cuáles son las funciones del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural en el país?
—Le corresponde a la institución coordinar las mejores decisiones que se tomen relacionadas con el patrimonio cultural y el patrimonio natural, y lograr que se aplique correctamente la política refrendada en la ley, utilizando las estructuras territoriales y las tres comisiones como órganos consultivos del consejo para la toma de decisiones técnicas.
«Debe ejercer un mayor control a través de los inspectores para aplicar las contravenciones y medidas administrativas, así como ejercer el trabajo metodológico y de dirección con el sistema nacional de museos. la entidad, además, coordina las acciones de educación patrimonial en los diferentes niveles de enseñanza y a toda la ciudadanía, además promueve una mayor socialización del patrimonio, que permita su apreciación y disfrute.
«Se ha organizado un programa de implementación de la ley, su reglamento y procedimientos de trabajo, mediante el cual se realizarán intercambios con los gestores, instituciones y organizaciones, desde el nivel central hasta el municipio. Se trabaja en un sistema de comunicación e información por los diferentes medios y redes sociales, además de que se utilizarán diferentes páginas web para socializar derechos y obligaciones y permitir el acceso a servicios recogidos en la ley.
«Realizaremos acciones metodológicas con los trabajadores y directivos de las estructuras territoriales, las comisiones y el registro central de Patrimonio Cultural y Patrimonio Natural».
—¿Por qué se incluye el patrimonio natural en este cuerpo legal?
—El patrimonio natural, aunque en las leyes anteriores se mencionaba, tiene diferentes legislaciones que lo protegen. Sin embargo, en esta ley se especifica y condiciona su manejo de acuerdo con lo establecido en la convención. Se establece la protección a los sitios naturales que tienen un grado de valor científico, ambiental o estético. También se reconoce la protección a los 533 geositios existentes en el país y a Viñales, único geoparque aprobado, aunque en análisis tenemos otros que se les sumarán.
—¿Cómo incide en las prácticas cotidianas de la ciudadanía y las instituciones el alcance e impacto de la ley?
—Contribuye a la defensa de la identidad nacional. Recordemos que el dueño del patrimonio es el pueblo, y es responsabilidad de las instituciones. Por ello, tanto personas jurídicas como naturales tienen la obligación y el derecho de cumplir lo legislado.
«Se le da la máxima atribución al territorio o municipio para la selección, protección y comunicación de su patrimonio. Los bienes culturales y naturales, tanto en personas naturales como jurídicas, pueden obtener las categorías, desde patrimonio cultural en el municipio hasta las internacionales, como patrimonio de la humanidad o mundial».
—¿Cómo se fiscalizará su cumplimiento?
—En la propia ley se aprobó la vía, con el reconocimiento de un sistema de contravenciones que incluye medidas de control y entes facultados para el cumplimiento de lo legislado en la protección del patrimonio. Sin dudas, lo más importante es que el pueblo gane en cultura jurídica, sepa sus derechos y deberes, y también vele por los valores identitarios de su país.
