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La transformación de los sistemas alimentarios locales es uno de los desafíos que entraña la correcta implementación de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en mayo del pasado año, en un momento económico muy complejo y de muchas limitaciones de recursos para el país.
Sin embargo, aún no se comprende la urgencia de que no quede un patio, una parcela o un pedazo de tierra sin sembrar, como se analizó en reunión extraordinaria de la Comisión Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, que coordina el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz.
Durante el encuentro —en el Palacio de la Revolución y que contó con la participación del miembro del Buró Político Salvador Valdés Mesa, Vicepresidente de la República—, se profundizó en las estrategias para fortalecer los sistemas alimentarios locales en todos los municipios del país y se destacó el importante papel que deben desempeñar las comisiones creadas a nivel de provincia y municipio.
Precisamente, el Jefe de Gobierno señaló que, ante las restricciones financieras que enfrenta el país, los impactos del cambio climático y la crisis alimentaria global, la Ley enfoca sus contenidos en la organización de los actores, procesos y recursos vinculados a la producción, transformación y
comercialización de los productos agropecuarios en los territorios.
Al caracterizar brevemente la situación que tienen hoy los balances de alimentos en Cuba, Roberto Pérez Pérez, viceministro de Economía y Planificación, explicó que la fuente principal y única de la mayoría de los productos es hoy la importación de alimentos, y las fuentes de producción nacional se reducen, con niveles muy bajos y con bajos rendimientos.
«La importación de alimentos ya no puede determinarse por la demanda como se hacía hace cuatro o cinco años, sino por las posibilidades financieras del país, las cuales demuestran que este año no se podrá cumplir lo que está en el plan de importaciones. Además, las producciones nacionales de arroz, frijoles, maíz, carne de cerdo, que han constituido fuente del balance de alimentos durante años, entre otros, tienen muy bajos rendimientos, niveles de producción muy reducidos y costos financieros muy elevados», detalló.
Por su parte, el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca enfatizó en las reservas y potencialidades que tienen las más de
7 000 comunidades del país para producir alimentos de forma sostenible y, por tanto, subrayó la responsabilidad de llegar hasta los consejos populares, circunscripciones, autoconsumos, patios y parcelas.
«Ahí tenemos el reto principal de cómo vamos a producir los alimentos que
necesitamos. Esa conciencia de productor es el principal desafío que tiene la Ley. Tenemos que producir los alimentos, porque aquí todo el mundo los necesita, pero lo que plantean es cuándo me los van a enviar».
Reconoció que hay un grupo de alimentos que están en las cabeceras municipales y que existe la comisión, pero todos los que están en la comunidad con tierra alrededor tienen que producir. «Debemos comprender la importancia que tiene para la soberanía producir los alimentos; tenemos que convertirnos en un país de productores, pues somos un país de consumidores».
Aprender haciendo con resultados
En esa misma línea de pensamiento se habló de los programas que conforman los sistemas alimentarios locales, donde el nivel de autoabastecimiento es insuficiente para la demanda definida. Como dijo el viceministro de la Agricultura Diosnel San Loys Martínez hay que sembrar y lograr cumplir con lo que se diseñó en cada municipio.
Otro tema de reflexión fue el papel que debe desempeñar el Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar. Al respecto, Elizabeth Peña Turruellas, directora de este movimiento, se refirió a acciones para aumentar niveles productivos, entre ellas, la transformación de las granjas urbanas, el aprovechamiento de las áreas agrícolas disponibles en
centros laborales, el fomento de un
movimiento productivo popular, la consolidación de las estructuras para la obtención de abonos orgánicos y bioproductos, así como la comercialización de los excedentes productivos, de manera libre y directa, por parte de las familias.
En las conclusiones, el Primer Ministro aludió a la urgencia de seguir potenciando las minindustrias, de atender las familias que viven en las comunidades rurales y de alcanzar que todas las formas de gestión contribuyan a la producción de alimentos. Reiteró que el proceso de implementación de la norma jurídica es responsabilidad de las comisiones a todos los niveles, y se inserta como componente fundamental en las estrategias de desarrollo municipal.
La consolidación de los sistemas alimentarios locales contribuye a la soberanía alimentaria, por lo que la Ley enfoca sus contenidos hacia su organización en aras de transformarlos en función de la sostenibilidad y la resiliencia, subrayó Marrero Cruz, quien agregó que el último período de trabajo ha estado marcado por la capacitación, el aprendizaje constante y el cambio de estructuras municipales y provinciales.
A la par, aseveró que la comunicación es un proceso transversal a la gestión de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria y nutricional. En consonancia con ello, convocó a la constante aplicación de los instrumentos de la educación popular y la filosofía de aprender haciendo con resultados.
