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Cuba puede exhibir una nueva norma jurídica con enfoques modernos y coherente con los principios de Naciones Unidas. Autor: Abel Rojas Barallobre Publicado: 04/06/2022 | 10:00 pm
Hace casi 30 años, en Río de Janeiro, el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, exponía ante la comunidad internacional una advertencia sobre los destinos de la humanidad ante los crecientes problemas medioambientales. Una preocupación no solo de este pequeño Estado insular, sino de muchos otros pueblos de la región y del mundo, a los que la desigualdad les pasa factura, sobre todo por los saldos negativos de la dependencia económica y la explotación de los recursos naturales por las grandes transnacionales.
El Comandante en Jefe decía que la especie humana estaba en peligro de desaparecer debido a la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida. Sus palabras en la Cumbre de la Tierra, el 12 de junio de 1992, hoy parecen ser eco de un problema menor si se comparan con los elevados niveles de contaminación ambiental, desertificación, pérdida de la diversidad biológica y el cambio climático de la actualidad.
En ese contexto, ¿qué se puede hacer desde Cuba, un pequeño país caribeño, expuesto a la alarmante variación de las condiciones ambientales? Aunque aquí no se genera una importante carga contaminante que contribuya a empeorar el panorama global, las autoridades no se quedan con los brazos cruzados ante el desafío de vivir rodeados de agua, cuando cada año sube el nivel del mar.
En la Mayor de las Antillas desde los inicios de la Revolución la protección del medio ambiente es una voluntad política que se ha concretado desde la educación hasta la investigación científica. Sin embargo, el empeoramiento de la realidad global en las últimas décadas ha propiciado un llamado de atención de la Organización de Naciones Unidas en torno a la articulación de políticas más atemperadas al actual escenario.
El Gobierno asumió ese compromiso, que se materializó, entre otros ejemplos, en la promulgación de una nueva norma jurídica que perfecciona lo establecido en la anterior aún vigente hoy, y es consecuente con la visión internacional: la Ley del Sistema de Recursos Naturales y el Medio Ambiente.
Una nueva legislación
Desde 2013 en el país se trabajó en la elaboración de la nueva norma jurídica que aprobó la Asamblea Nacional del Poder Popular en su más reciente sesión extraordinaria, luego de un amplio debate y en la que se tuvieron en cuenta más de 1 400 criterios emitidos en diferentes espacios, lo que permitió llegar a una ley moderna, robusta y bien especializada.
«En la anterior ley, promulgada en 1997, temas como el cambio climático estaban ausentes. Además, necesitábamos hacer un mayor hincapié en todo lo vinculado con la diversidad biológica y generar un enfoque ecosistémico en la gestión ambiental», afirmó Odalys Goicochea Cardoso, directora de Medio Ambiente del Citma.
Precisamente, esta nueva visión, que significa comprender que si se afecta un recurso natural otros también resultarán afectados, es un eje transversal en la nueva Ley, debido a su importancia. «Muchas veces evidenciamos un daño ambiental significativo y la razón es que no se ha tenido en cuenta este equilibrio que debe existir entre los elementos del ecosistema», apuntó.
En el ámbito del ordenamiento jurídico del país, estos nuevos y necesarios enfoques también están en otras normas, como el Código Penal, que incluye el delito ambiental, así como la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, en la que se promueven los cultivos más resilientes ante el impacto del cambio climático en Cuba. Asimismo se conecta con la Ley General de Protección al Patrimonio Cultural y al Patrimonio Natural.
Al decir de la Directora de Medio Ambiente del Citma, ahora corresponde un proceso de actualización de un grupo de normativas relacionadas con este tema, e incluso promulgar otras nuevas asociadas a la producción y el consumo sostenible, el cambio climático, así como la valoración de los bienes y servicios ecosistémicos.
Enfatizó en que, además de la instrumentación jurídica, se requiere de un proceso de capacitación sobre todos estos nuevos conceptos y enfoques, que abarque a toda la sociedad cubana, con el fin de promover esta forma de relacionarse con el medio ambiente y obtener recursos de este.
Completa y de compromiso global
«Con esta Ley del Sistema de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, Cuba está siendo coherente con los compromisos internacionales suscritos. Se responde básicamente a todos los convenios multilaterales», precisó Goicochea Cardoso, en referencia al Acuerdo de París sobre Cambio Climático, la Conferencia de Diversidad y Biodiversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030.
La funcionaria subrayó que esta norma jurídica es muy completa, debido a que se enfocó desde el sistema de recursos naturales. «Cuba tiene una institucionalidad, diferente a otros países, donde los ministerios que dirigen la actividad ambiental tienen bajo su responsabilidad todos los recursos naturales o la mayoría.
«En nuestro caso, estos están bajo la gestión y el control de determinados organismos de la Administración Central del Estado y entidades nacionales; por tanto, la ley coordina el trabajo que hace cada uno en función de un determinado recurso natural o la intervención sobre los ecosistemas para lograr la sostenibilidad ambiental, que nosotros tanto defendemos».
Nuestros problemas ambientales
En Cuba existen problemas ambientales como la contaminación de residuos líquidos y sólidos, la gaseosa y sonora, y más del 70 por ciento de los suelos muestran algún grado de degradación. Además, hay dificultades con la pérdida de la diversidad biológica en los ecosistemas, y afectaciones en la calidad del agua y el patrimonio forestal.
«Todos estos problemas se exacerban con el cambio climático», subrayó Odalys Goicochea Cardoso, directora de Medio Ambiente del Citma, en la Mesa Redonda del miércoles último, donde agregó que para contrarrestar esta situación está, entre otras medidas, la implementación del Plan de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, que tiene entre sus ejes los recursos naturales y el medio ambiente, con objetivos generales y específicos.
