Mal tiempo para la impunidad

Hay a quienes les cobraron un CUC por recargar su celular en un policlínico y hasta en una panadería tras el paso del huracán Irma. También algunos revendedores empezaron a especular con los precios de los productos alimenticios, así como otros inescrupulosos acapararon recursos, usurparon inmuebles, originaron desórdenes y hasta desobedecieron a las autoridades.

Mientras la mayoría del pueblo enfrentaba con ecuanimidad y espíritu solidario la tragedia, o ahora mismo está enfrascado en reconstruir casas y poblados, levantar fábricas y sembrados, algunos cometen indisciplinas sociales o violan lo establecido legalmente, agrediendo el patrimonio individual, familiar o público de la nación.

No es casual que por estos días tanto los Consejos de Defensa y autoridades como la Fiscalía General de la República hayan dejado claro que no se permitirá que personas insensibles pongan en entredicho la legalidad, el orden y la institucionalidad del país, y que esas manifestaciones serán enfrentadas con todo el peso de la ley, sin violar el debido proceso.

No se trata de un proceso nuevo ni de cambios al Código Penal, sino de aplicar las sanciones que establece nuestra norma jurídica, puntualizó a Juventud Rebelde Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de La Habana, quien recordó que durante el paso de los huracanes Gustav y Ike por el país, en 2008, también se dio una rápida y enérgica respuesta a los intentos de infringir la legalidad y se aplicaron con el máximo rigor los procedimientos a quienes delinquieron en esa circunstancia especial, semejante a la que vive hoy el archipiélago.

«Tampoco se trata de la ocurrencia de delitos ni conductas nuevas, pues están descritos en nuestras normas, así como están recogidas las sanciones. El país cuenta con todas las herramientas legales para enfrentar los hechos que ocurrieron y los que puedan darse en esta etapa recuperativa. Son herramientas que forman parte del sistema jurídico cubano para mantener el orden, la disciplina y la tranquilidad ciudadana», destacó.

Fuentes Guzmán apuntó que, al juzgar los hechos, los jueces valoran la aplicación de la circunstancia agravante, prevista en el artículo 53, inciso e del Código Penal: «Cometer el hecho aprovechando la circunstancia de una calamidad pública o de un peligro inminente de ella, u otra especial».

También se tiene en cuenta si debe aplicarse la agravación extraordinaria que prevé el artículo 54 en su apartado 2, la cual permite al tribunal aumentar hasta la mitad el límite máximo de la sanción, cuando concurran varias circunstancias agravantes o se manifiesta una de ellas de manera muy intensa.

La ley y el orden

Aunque ciertos sectores de la opinión pública están preocupados por un incremento inusitado de este tipo de conductas, el funcionario aclaró que el nivel de ocurrencia de delitos y la radicación de procesos penales graves ha sido inferior que en momentos anteriores en situaciones parecidas, lo cual demuestra que el orden, la disciplina y la institucionalidad se fortalecen cada vez más en Cuba.

Sin embargo, advirtió, ello no excluye que se hayan dado casos de indisciplinas o violaciones de lo establecido. «Han existido sustracciones, desobediencia, actividad económica ilícita, apropiación indebida de bienes, entre otros hechos. Como se ha visto en imágenes, se han detenido personas que se apropiaron de cosas en áreas de las tiendas de divisas, alegando que estaban en el agua.

«En estos momentos se radicaron y están en investigación, por ejemplo, en la capital, diez procesos penales contra 14 acusados vinculados a hechos de sustracciones en esos establecimientos, todos detenidos por los delitos de hurto, robo con fuerza y violencia, y malversación. Entre los implicados están funcionarios y trabajadores de las entidades afectadas.

«Nadie, absolutamente nadie, puede apropiarse o adueñarse de lo que no le pertenece. En ninguna de las fases decretadas por la Defensa Civil cuando pasa un ciclón por Cuba se pueden cometer delitos como los ya mencionados, u otros contra la propiedad social, o la autoridad, y en correspondencia con ello se actúa.

«Aunque se ha dispuesto una política penal de severidad, al evaluar los casos se parte de la individualización, teniendo en cuenta las circunstancias personales de los infractores, la edad, y si existen o no antecedentes penales, así como las características del hecho y sus consecuencias, siempre velando por el debido proceso y el cumplimiento de sus garantías y derechos».

Añadió que esta situación no genera una disminución de los derechos y las garantías, al igual que cuando se está en otras situaciones distintas, pues en la Mayor de las Antillas el ser humano es el centro de su atención. «Un ciudadano que cometa alguno de los delitos mencionados tiene derecho a un abogado, a que se esclarezcan todas las cosas que refiere, mantiene comunicación con la familia y se le reconoce su integridad personal. Pero si hablamos de garantías, tenemos que decir que también deben respetar la legalidad», reiteró.

Fuentes Guzmán reafirmó que el enfrentamiento penal se hace de forma ágil, y en coordinación con los órganos del Ministerio del Interior y los tribunales populares, y para ello se realiza un proceso sumario. «Se trata de un proceso que tiene todas las garantías establecidas en la ley, pero que se hace en un corto período, lo que permite dar una respuesta oportuna al hecho punible y que el ciudadano responda más rápido por este.

«En toda esta situación se mantiene un principio importante: garantizar que no exista impunidad y que se ofrezca en cada caso la respuesta que corresponde, en el orden administrativo o penal, ante la comisión de indisciplinas sociales o hechos delictivos».

Agregó que se ha tomado la decisión de adoptar medidas cautelares hasta la presentación al tribunal de los ciudadanos implicados en los hechos, pues ello está encaminado al aseguramiento del juicio oral y a la efectividad de la sentencia que se dicte. «En sucesos como estos se aplica mayormente la prisión provisional, con el fin de detener al implicado, realizar el esclarecimiento del hecho y acercarnos a la verdad de lo sucedido.

«Igualmente, hemos dispuesto la solicitud de sanciones de privación de libertad en los casos de mayor gravedad, así como de sanciones accesorias de decomiso y confiscación de los productos que sean ocupados y la prohibición de frecuentar medios o lugares determinados», dijo el Fiscal Jefe.

Añadió que los juicios se realizan tanto en tribunales municipales como provinciales, y como se ha anunciado, en los casos que lo requieran, y en coordinación con el Partido, se podrá solicitar la realización de juicios ejemplarizantes. «Esto se realiza en función de la educación y prevención, aunque hasta el momento no se ha decidido hacer ninguno de ese tipo de proceso».

Actuar en todo momento

El Fiscal Jefe capitalino apunta que sin dudas la etapa recuperativa es la más fuerte, pues a pesar de los esfuerzos que hace el país para recuperar los servicios eléctricos, el abasto de agua, así como la venta de alimentos y otros productos, no todas las personas y los territorios los reciben de la misma manera y con igual prontitud.

«En las zonas donde no están terminadas las tareas recuperativas o estas demoran por su complejidad las personas no tienen derecho alguno a incumplir lo ordenado. Hay que tener confianza, mantener la organización, disciplina y la integración de todas nuestras estructuras, pues la Revolución no dejará a nadie desamparado, como reafirmó el General de Ejército Raúl Castro Ruz en el llamamiento a nuestro combativo pueblo», aseguró.

Detalló que se prestará especial atención a los hechos delictivos que afectan al sistema electroenergético nacional, la producción y comercialización de alimentos, la telefonía, el combustible y el transporte público.

Fuentes Guzmán informó que se han reforzado las verificaciones fiscales, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de la legalidad. «Se trata de acciones de comprobación que realizan los fiscales, auxiliados de peritos y especialistas, en las que se verifica el cumplimiento del objeto social y el correcto uso, destino y preservación de los bienes materiales y financieros en las diferentes entidades estatales.

«Como en el resto del país, en estos momentos en la capital existen más de 120 fiscales realizando visitas a comunidades situadas en zonas apartadas y de difícil acceso para facilitar el intercambio con los ciudadanos, hogares de niños sin amparo familiar, hogares de ancianos y en general a los centros donde se encuentran sectores más vulnerables necesitados de protección.

«También se supervisan las actividades que se desarrollan en los centros de producción y comercialización de alimentos y otros productos que garantizan la fase de recuperación, incluido los productos agrícolas, protegiendo los derechos de los consumidores y evitando el desvío de los recursos destinados al pueblo.

«Hay que aclarar que en todos los casos la Fiscalía actúa a partir de la formulación de la denuncia, y es lamentable que se han producido casos que no fueron oportunamente denunciados y no han tenido la respuesta administrativa o penal que corresponde. Es necesario informar que los hechos presuntamente delictivos que se conozcan deben denunciarse por la población, los funcionarios y los trabajadores.

«Cuando enfrentamos un delito, por ejemplo, de robo con fuerza, estamos resguardando el derecho de propiedad de las personas; si es desobediencia ante un funcionario, defendemos el respeto y la necesaria disciplina que tienen que afianzar la relación entre el ciudadano y el funcionario público; si es un delito de receptación, protegemos que las personas adquieran las cosas lícitas.

«Enfrentar penalmente los delitos que se han dado tras el azote del huracán Irma no es una opción sino una necesidad. Por eso las medidas a aplicar deben tener un efecto preventivo y de contención de tales fenómenos que dañan la Revolución y al pueblo», afirmó.

Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana