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Es necesario trabajar para que las leyes sean comprensibles y las ejecuten un personal preparado. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
En 2013 se dictaron en el país 106 normas jurídicas. Nunca había ocurrido que en un año se legislara tanto, manifestó María Esther Reus, titular de Justicia, en un encuentro con la prensa.
Cualquier ejecución, cambio o modificación que se realice llegará como ley, y toca a los juristas interpretar, asesorar y orientar cómo se cumple lo dispuesto, dijo la Ministra.
Para garantizar que esa información llegue a los destinatarios, el Ministerio de Justicia tiene la responsabilidad de publicarla, aunque todavía la Gaceta Oficial de la República no llega a todos ni tiene el impacto, distribución y cuantía adecuadas. Se continúa trabajando en ello para hacer más visible la divulgación jurídica vinculada a las nuevas normas, reconoció.
En la cita trascendió que este Ministerio incrementó sus funciones, como parte de la actualización del modelo económico cubano. Por ello es un reto para los juristas mantener el estudio constante, para lo cual se realizan compilaciones digitales con las leyes aprobadas cada año.
Existe en el país falta de preparación jurídica, incluso de quienes deben elaborar las normas. Debemos concentrarnos en el contenido; discutir y evaluar los cambios sustanciales, el impacto que tendrán en la población y cómo se garantizará la ejecución, admitió Reus.
Nuevas formas interactúan en la vida económica y social del país. Es el caso de las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia, que deben formalizar contratos, sostener relaciones de compra y venta, y requieren ayuda, afirmó.
Con respecto al perfeccionamiento de los servicios jurídicos, comentó que muchas de las deficiencias ocurren por desconocimiento, falta de asesoramiento y, en algunos casos, por poca preparación de los funcionarios. Existe un exceso de solicitud de documentos en el que debe trabajarse para lograr que en cada sitio se requieran los necesarios.
No es posible que para formalizar un contrato de agua, gas, teléfono o electricidad se requiera de una certificación de nacimiento. ¿Qué tiene que ver esto con lo que la persona necesita probar jurídicamente?, ilustró Reus, y adelantó que se desarrollará un proceso en el que se regule lo que debe presentarse ante cada circunstancia. Pedimos cosas que no están previstas en la legislación, hemos complicado la existencia documental de las personas, hasta el punto de que casi es imposible hacer un trámite.
Aseguró que el reto fundamental es el trabajo con ética y profesionalidad, pues una ley puede ser perfecta pero si no la ejecuta un ser humano capacitado, comprometido y con sentido de pertenencia, no tendrá valor. Necesitamos trabajar para que las leyes sean comprensibles y las ejecute un personal preparado. Somos servidores públicos y no estamos para que nos sirvan, aseveró.
