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Estados Unidos alienta la subversión contra Cuba hace medio siglo y a través de una campaña mediática intenta distorsionar la realidad con el objetivo de ahogar el proceso revolucionario, informa Prensa Latina.
La administración norteamericana, encabezada por Barack Obama, se sumó a la trayectoria de sus antecesoras y en febrero de 2010 renovó la declaración de emergencia nacional contra Cuba, vigente desde 1996, cuando después de numerosas violaciones del espacio aéreo fueron derribadas dos avionetas.
Las estrategias mediáticas de subversión han ampliado los horizontes y están enfocadas ahora en el reclutamiento de elementos antisociales capaces de todo a cambio de ganancias económicas, como denunció recientemente el Parlamento cubano en una declaración oficial.
Hace unos días, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció en el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que «se pretende presentar a mercenarios como patriotas, a agentes pagados de Estados Unidos en territorio cubano como disidentes, a delincuentes apátridas como prisioneros de conciencia».
Rodríguez argumentó que «la poderosa maquinaria del imperio no vacila en utilizar a un recluso reincidente y sancionado en debido proceso, por delitos comunes, y luego reclutado en prisión, para presentarlo como un luchador por los derechos humanos».
La máxima figura de la diplomacia cubana se refería al caso de un internado sobre quien el noticiero de la televisión presentó las pruebas de la atención médica ofrecida al preso por delitos comunes ante de morir el pasado 23 de febrero en esta capital.
Existen otras herramientas como la ley Torricelli (1992) y Helms-Burton (1996), las cuales alegan que «Estados Unidos proporcionará asistencia a organizaciones no gubernamentales, para apoyar a individuos y grupos que promuevan un cambio democrático no violento en Cuba».
Las llamadas Radio y Televisión Martí, aprobadas como un servicio de la Voz de América, contravienen la propia ley norteamericana.
Por sus características, sistema de corresponsales, estructura interna, horas de transmisión, contenido y desarrollo de programación, se comporta no como un servicio adjunto a otra emisora, sino como una poderosa estación destinada a la desestabilización en la isla.
Cuba acusó en el Comité de Información de la Asamblea General de Naciones Unidas a Estados Unidos de incrementar el financiamiento de su campaña de propaganda radial y televisiva para fomentar una crisis artificial en la isla.
Fabio Leite, director de la Oficina de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, puntualizó que las transmisiones ilegales de radio y televisión provenientes de Estados Unidos son inadmisibles.
El directivo destacó que ese ataque constituye una violación al reglamento de Radio Comunicaciones de la organización, el cual estipula que las transmisiones deben ser concebidas como un servicio nacional de buena calidad dentro de los límites del país que se trate.
