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La Habana, 11 septiembre._ El escándalo destapado ahora en Miami, al divulgarse que influyentes periodistas del sur de la Florida recibieron pagos del Gobierno de EE.UU. para fomentar la hostilidad contra Cuba y Los Cinco cubanos juzgados en esa ciudad, confirma el fraude judicial realizado contra esos prisioneros, reporta AIN.
Según lo revelado en Miami, al menos 10 influyentes periodistas del sur floridano recibieron del Gobierno de Estados Unidos pagos que ascienden hasta 175 mil dólares desde el 2001 por servicios en aparatos gubernamentales de propaganda (como las anticubanas TV y Radio Martí), al propio tiempo que, violando lo establecido por las layes de ese país, desempeñaban su profesión también en medios privados.
Tal es el caso de varios periodistas del vocero de la extrema derecha cubanoamericana El Nuevo Herald, como Pablo Alfonso, quien reporta sobre Cuba y escribe una manipulada columna de opinión en ese diario, comenta hoy el semanario Trabajadores.
"Trabajadores" cita declaraciones de Ricardo Alarcón, Presidente del Parlamento cubano, quien denunció que "los mismos acusadores de nuestros compañeros son los que creaban además con sus asalariados ese ambiente hostil contra ellos", en alusión -indica el diario- a la intensa campaña mediática desatada contra Los Cinco antes y durante el juicio, uno de los factores que determinaron la consumación de la farsa judicial donde los antiterroristas fueron condenados.
No hay la menor duda, señaló el dirigente parlamentario, de que esto se llama conducta inapropiada de la Fiscalía, del Gobierno, según la legislación de Estados Unidos, y significó que si se aplican las leyes norteamericanas, esta circunstancia es un elemento más por el cual los prisioneros tienen que ser liberados de inmediato.
Alarcón significó lo oportuno del escandaloso suceso mediático, por cuanto ocurre en vísperas de una jornada internacional de solidaridad con los cinco cubanos, que se iniciará mañana martes 12 de septiembre, cuando se cumplen ocho años del encarcelamiento de Los Cinco patriotas cubanos, declarado ilegal, desde el mismo instante de la detención, como confirma una resolución del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, de la ONU.
