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Marilú pronto publicará La Guardia Rural entre 1898-1902, de la Editorial Historia, del Instituto de Historia de Cuba. También aborda el tema junto a un colectivo de autores en La sociedad cubana en los albores de la República y en Nuevas voces, viejos asuntos, títulos publicados en 2001 y 2005, respectivamente, por la Editorial Ciencias Sociales. Foto: Franklin Reyes La Guardia Rural establecida en nuestro país durante la primera ocupación norteamericana, tras la capitulación española, fue un cuerpo de represión creado a la medida de las aspiraciones de Washington, como un velado instrumento político de las autoridades interventoras con el único fin de garantizar la protección de sus intereses.

Así lo explica la historiadora e investigadora agregada Marilú Uralde Cancio, especialista del Instituto de Historia de Cuba.

«La Guardia Rural fue una fuerza pública que contrastaba en objetivos con el instrumento armado de la Revolución contra el colonialismo español, y por eso no representaba el interés nacional liberador de nuestros mambises. Se le puso en función de una organización político-administrativa imperialista y respondía a los fines generales de la Misión norteamericana en la Isla», apuntó Marilú.

«No fue creada por un gobierno nacional, ni bajo él, sino en medio de una ocupación extranjera que garantizaba, además, su diseño y el fortalecimiento de sus misiones estratégicas, el mantenimiento del orden que permitiera la ejecución completa y sin mayores dificultades de su política».

Los norteamericanos ignoraban y subestimaban la capacidad organizativa y gubernamental del Ejército Libertador de Cuba, del Gobierno de Cuba en Armas y del propio pueblo cubano.

«Pensaron que esos factores afectarían sus empeños anexionistas y crearon una institución armada que dividía a las fuerzas revolucionarias participantes en las guerras independentistas. Escudriñaron la opinión reinante sobre prestigiosos patriotas mambises y buscaron apoyo de los autonomistas o de los simpatizantes de la anexión».

Pretendían buscar adeptos, seleccionar cubanos que reclamaban la permanencia norteamericana en Cuba, y dar una imagen diferente, ante la opinión pública nacional y extranjera, de sus propósitos «humanitarios».

Con la evacuación de las tropas españolas luego de su rendición total, dejaron de existir los cuerpos de orden público, la Guardia Civil y la Policía Municipal hispana, y los campos quedaron a merced de los bandoleros.

No pueden olvidarse la ruina y las penurias que trajeron las hostilidades bélicas, el bloqueo de Estados Unidos, la terrible política de la Reconcentración criminal de Valeriano Weyler, el aumento de la delincuencia y el auge del bandolerismo.

«Esto obligó a la creación rápida de cuerpos de protección rural muy conocedores de los campos cubanos».

Los principales dueños de tierras y negocios aportaron facilidades y tierras para maniobras y ejercicios, parcelas para pastos, permisos para construir caminos y el establecimiento de las necesarias comunicaciones.

«En Cienfuegos ofrecieron comunicaciones telefónicas entre centrales azucareros, la Guardia Rural y sus jefaturas y puestos provinciales.

«Muchas propiedades del campo se utilizaron para esa Guardia Rural, algo insólito en el ámbito latinoamericano. En todas las ciudades y pueblos se cedieron inmuebles para cuarteles y puestos de mando y se alquilaron casas con tales fines».

¿Ejemplos? En calle General Miró No.1 y El Cristo, en Santiago de Cuba; locales en las fincas Ojo de Agua, en Sancti Spíritus; en El Indio y Alejandría, en Matanzas; en el ingenio Toledo, en Pinar del Río; en el central Constancia, en Abreus y Veguitas, en Holguín.

En este último territorio el hacendado Enrique Dumois dio numerosos caballos, un buen volumen de alimentos y diferentes locales. «De 56 cuarteles de la Guardia Rural solo 11 eran propiedad del Estado y del Ayuntamiento, mientras que 45 pertenecían a particulares.

«Los hacendados brindaban este servicio con un doble objetivo: cuidar sus bienes del acoso de los bandoleros y viabilizar la oportuna expulsión de los pequeños propietarios y campesinos de sus tierras que entorpecían la expansión de sus riquezas».

De esa manera la Guardia Rural pasó a cumplir la función de Policía o guardianes del orden público, una obra colosal de inteligencia neocolonialista encubierta bajo el manto de «ayuda humanitaria».

Los yanquis crearon aquella guardia rural de 1898, aprovechándose de los humildes mambises, y Batista, servidor del mismo imperio, con ayuda norteamericana, un ejército que recordaba el saludo hitleriano. El propio presidente Mckinley en la Casa Blanca, en octubre de 1898, aprobó el plan de reclutar a veteranos cubanos para formar un cuerpo de guardias y emplear en el control del orden a los que estaban desempleados, para dar cínicamente la impresión de que se ayudaba a los mambises.

«Fue una estratagema clara en la estrategia de la ocupación militar, sobre todo al escoger a aquellos elementos no anexionistas, pero que no se resistían a la presencia y el accionar de los nuevos ocupantes extranjeros, maniobra solo comparable con lo que Estados Unidos hace hoy en Iraq.

«El gobierno interventor necesitaba esos hombres para gobernar el país, instaurar el orden y desarrollar sin contratiempos las actividades de ocupación en la Isla. Además, de esa forma los norteamericanos se mantenían discretamente aislados de los campos y concentrados en las cabeceras de las provincias».

La Guardia Rural fue suplantando gradualmente las funciones policíacas en todos los pueblos. Aunque el gobierno interventor era militar y los efectivos norteamericanos suficientes, la nueva institución armada preservó el orden y controló los territorios evacuados por las antiguas unidades militares españolas.

«Estas formaciones armadas no protegían ni defendían la soberanía, ni la independencia nacional. Se limitaban al orden interior y se organizaron según los dictados de Washington.

«Muchos de los servicios impuestos a la Guardia Rural eran contrarios a los deseos de algunos oficiales y clases, sus inclinaciones y su propia conciencia.

«Por eso José Miró Argenter, por ejemplo, escribió que “el inesperado desenlace de la contienda bélica había hecho variar el rumbo de los acontecimientos, trastornar opiniones, ideales, caracteres, el porvenir de la patria y hasta la conciencia cubana”.

«Los norteamericanos no podían mantener el orden porque estaban en territorio desconocido, no hablaban el español, ignoraban los hábitos y la idiosincrasia del pueblo, y no querían exponer a sus soldados a la fiebre amarilla, el paludismo, le disentería, el tétano, entre otras enfermedades».

Resultó ser una táctica oportunista de los yanquis para dejar en manos cubanas la represión. Evitaron así a Estados Unidos el enfrentamiento con la población hostil del territorio ocupado por ellos y dieron la imagen de dadivosos que pagaban esos servicios, cuando en verdad eran mucho más baratos que si emplearan a sus tropas.

En el Plan Bush para la anexión de Cuba, adoptado en mayo de 2004 y ratificado la semana pasada por la administración norteamericana con medidas adicionales, aparece nuevamente este engendro colonizador.

En uno de los capítulos más abarcadores del proyecto de dominación, el número 3, nada escapa a la intervención imperial: la policía, el ejército, el gobierno hasta nivel local, el sistema judicial, el Parlamento, los partidos políticos, los sindicatos, las iglesias y organizaciones religiosas, las asociaciones cívicas y profesionales.

Previendo el rechazo que provocarían las medidas que se propone aplicar, el gobierno imperial otorga primacía a la organización de la represión sobre el resto de los asuntos. De ese modo, se define como «prioridad inmediata» la organización por el gobierno de Estados Unidos de «una fuerza de policía profesional». Se considera a la represión como la «variable clave» de la que «dependerá más que de cualquier otra» la posibilidad del «cambio de régimen».

El texto íntegro aparece de esta forma en la página 197: «Como prioridad inmediata, el gobierno de Estados Unidos ayudará a establecer una nueva fuerza policial y ofrecerá asistencia para su entrenamiento técnico por parte del Departamento de Estado, quien tendrá la responsabilidad de su total organización y dirección política y utilizará las experiencias de los departamentos de Justicia, Tesoro y Seguridad Interna».

Cualquier semejanza con el proyecto implementado un siglo atrás no es pura coincidencia.