Lecturas
Niceto Pérez había encontrado al fin un espacio para los suyos. Después de una búsqueda afanosa pudo asentarse en aquel pedazo de tierra realenga perteneciente a la hacienda Vínculo, situada entre las propiedades de la Guantánamo Sugar Company y las del terrateniente Lino Mancebo. Aunque no era suya, bautizó la finquita con el nombre de María Luisa, construyó su bohío y empezó a trabajar; lo hizo durante años, hasta que Mancebo, un geófago insaciable al que apodaban «el Tiburón de la Maya», se empeñó en apoderarse del predio de Niceto y de todo el realengo distribuido entre 128 campesinos precaristas. Con amenazas de muerte, el terrateniente y sus secuaces, apoyados o tolerados siempre por elementos de la Guardia Rural, intentaron en dos ocasiones arrebatarle la finca. Lejos de acobardarse Niceto respondió que para quitársela había que matarlo. Y eso fue lo que hicieron. El 17 de mayo de 1946 lo balearon mientras guataqueaba el platanal en compañía de su hijo de siete años de edad. Pero Niceto tendría vida suficiente para revelar a su esposa la identidad de sus victimarios.
—¡Los Mancebo y la Rural me han matado…¡ —dijo antes de expirar.
Con esa información, la mujer recurrió a los tribunales a fin de acusar a Lino Mancebo y a su hijo Puchy, a varios de sus capataces y a efectivos de la Guardia Rural que también saquearon sus siembras y su casa. La noticia recorrió el país de extremo a extremo y una ola de indignación se hizo sentir de inmediato. La Confederación Campesina de Cuba levantó una campaña nacional para el esclarecimiento del crimen y llevó ante el Presidente de la República a la viuda y a los huérfanos del campesino victimado, huéspedes de honor de la Federación Estudiantil Universitaria durante su estancia en La Habana. Se erigió un monumento en el lugar del asesinato y se proclamó la fecha de la muerte de Niceto como Día del Campesino.
Marina Trujillo, durante aquel encuentro, entregó al presidente Grau un documento con la relación pormenorizada de los hechos y sus causas. El mandatario, que economizaba el uso de su mano derecha por tenerla, afirmaba, «infartada de popularidad», acarició con la izquierda —«la mano de la emoción», decía— a los huérfanos y obsequió a la viuda con un billete de cien pesos, flamante, nuevecito, como recién salido de la imprenta.
—Se hará justicia a plenitud —aseveró.
Nada se hizo a la larga. Fue entonces que en diferentes lugares de la capital, donde el terrateniente y su hijo buscaron refugio, empezaron a aparecer carteles con el texto siguiente:
«Se ofrecen cien pesos de recompensa por la captura de Lino Mancebo, el Tiburón de la Maya, asesino del campesino Niceto Pérez».
Alguien había puesto precio a su cabeza.
La Constitución de 1940 proscribió el latifundio, pero dejó para una legislación complementaria la forma en que se erradicaría. Una disposición transitoria del mismo texto constitucional logró paralizar los desalojos campesinos por espacio de dos años y solo en aquellos casos sujetos a proceso judicial. No por ello los terratenientes desistieron de sus propósitos de desalojo y como transcurrido ese tiempo el Congreso no había votado legislación alguna al respecto, los desalojos se incrementaron. En 1944 se estimaba que más de 40 000 familias campesinas estaban amenazadas con la expulsión de las tierras donde vivían y trabajaban.
Papel mojado fueron asimismo los proyectos de reparto de tierra entre los campesinos que carecían de ella. Batista, en su primer gobierno (1940-1944) dispuso la colonización de la hacienda Uvita, propiedad del Estado en la Sierra Maestra. Se trataba de instalar en sus mil caballerías a unas 700 familias que serían dotadas de casas de vivienda y recursos suficientes. Vana ilusión. Muy pocos lograron ser emplazados en dicho predio y a la hora de la verdad cada uno de los elegidos tuvo que conformarse con cinco gallinas, un gallo, un arado, un machete y unos pocos pesos. De los caminos prometidos, nada. Los «favorecidos», para hacer producir la tierra, tendrían primero que desmontarla. Tal fue el desengaño que muy pocos quedaron en Uvita.
Con Grau (1944-1948) sucedió más o menos lo mismo. El mandatario insistió en comprar en más de medio millón de pesos la finca Ventas de Casanova, en Contramaestre, Oriente, y crear allí el Centro Agrario Modelo. Esas 48 caballerías eran propiedad de la familia del exdictador Machado que para apoderarse de ellas, durante su gobierno, desalojó mediante la persecución y el terror a los campesinos que la trabajaban. A la caída de la dictadura, en 1933, los campesinos expulsados volvieron a Ventas y lucharon en defensa de lo suyo. Curiosa fue la reforma agraria de Grau. Pagaba a la familia del ladrón las tierras robadas, y entonces los campesinos, que las ocupaban desde 1933 sin pagar nada por ellas, debían pagarlas al gobierno. Grau no llegó a concretar el trámite, lo terminaría Prío, en 1951. La gente decía que en la reforma agraria de los gobiernos auténticos la tierra se repartió en cartuchos.
En abril de 1944, las 128 familias campesinas que vivían y trabajaban desde hacía 20 años en Vínculo, de Guantánamo, fueron amenazadas con el desalojo por la Compañía Agrícola Industrial Maca S. A. Los campesinos se resistieron y detuvieron la mensura y el cercado de sus cultivos, pero Lino Mancebo, administrador de La Maca y propietario de la finca Casimba, colindante con Vínculo, exdirector del Instituto Cubano de Estabilización del Café y compadre de Batista, no se dio por vencido; volvió a la carga en mayo del año siguiente para chocar de nuevo con la resistencia campesina. Fue entonces que Mancebo identificó a Niceto como uno de los hombres que con mayor valentía se enfrentaba a sus propósitos. Ahí comenzó el acoso.
En abril de 1946, Puchy Mancebo, en compañía de una pareja de guardias rurales y de mayorales de su finca, irrumpió en el predio de Niceto y aseguró que tarde o temprano lo mataría. Días después, ahora en compañía de su padre y siempre con protección militar, amenazaba de nuevo al campesino a quien advirtió que no sería la primera vez que liquidaba a un hombre. De ahí no pasó el incidente porque elementos de la Rural se interpusieron entre Puchy y Niceto. Amenazado de muerte, el campesino presentó una denuncia en el cuartel de la Rural y solo consiguió que secuaces de Mancebo lo buscaran en su finca sin encontrarlo y, aprovechando su ausencia, destruyeran y robaran cuanto quisieran. Así llegó el 17 de mayo.
La denuncia de la viuda hizo que se procesara, con exclusión de fianza, a los Mancebo, a varios de sus empleados y a dos guardias rurales. Pronto quedó claro, sin embargo, a quién favorecería la «justicia». Un soldado se declaró culpable de ultimar a Niceto en defensa propia, pero su declaración fue desechada cuando se demostró que el proyectil que ocasionó la muerte correspondía a un revólver colt 38, que no era arma reglamentaria de la Rural. Importantes piezas de convicción desaparecieron del juzgado tras la visita a Guantánamo del general Alejandro Gómez Gómez, jefe de la Policía Nacional, y fueron trasladados los aforados que inculpaban a los Mancebo. El juez que llevaba la causa fue recusado y el nuevo magistrado dispuso la libertad de todos los encartados. Lino Mancebo y su hijo nunca estuvieron detenidos.
—Si el gobierno no actúa con la energía suficiente en este caso, serán los hijos de Niceto Pérez los que tarde o temprano venguen su muerte —declaró la viuda del campesino asesinado.
No era la primera vez que Lino Mancebo tenía que vérselas con la justicia. Cuando fue director del Instituto Cubano de Estabilización del Café fue procesado por contrabando del grano. Ahora, a medida que avanzaban las investigaciones, se le iban achacando otros muchos delitos y el fiscal pidió para él una larga condena. Sin embargo, la causa fue archivada.
Quizá pensara que con la muerte de Niceto ocurriría lo mismo. Pero en la mañana del 26 de febrero de 1947, cuando salía de la Lonja del Comercio de La Habana, tras participar en una reunión de cafetaleros, cinco balas de pistola calibre 45 se cebaron en su cuerpo. Llegó cadáver a la Casa de Socorros. Era el atentado personal número 53 del gobierno de Ramón Grau San Martín y, como en todos los anteriores, pese a lo concurrido del lugar, nadie vio quién o quiénes lo perpetraron.
Trece años después de la muerte de Niceto Pérez, el 17 de mayo de 1959, en la Comandancia General del Ejército Rebelde, en la Sierra Maestra, se firmaba la Ley de la Reforma Agraria y una nueva vida se abría para el campesinado cubano.
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