Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

El pasado 4 de octubre, y desde Esmeralda, en la provincia de Camagüey, Dulce M. Rodríguez Santos denunciaba aquí que el bar cafetería privado Las Ruinas se convirtió en una verdadera tortura sonora para los vecinos de la cuadra donde vive.

«Lo han convertido en discoteca sin respetar hora ni día de la semana para poner la música a un volumen muy alto. Muchos vecinos hemos conversado con los dueños, y dicen que están autorizados por el Gobierno».

Pero por quejas y firmas recogidas de los vecinos afectados, señalaba, ya una vez les había sido retirada la licencia por no tener las barreras acústicas para aislar el sonido.

«Ellos continúan con el ruido, refería Dulce, y los vecinos, enfermos, niños y ancianos, sufriendo las consecuencias, que para nadie es un secreto lo que puede ocasionar para la salud la contaminación acústica… Realmente esto es una tortura, y nos están matando lentamente. ¿Qué pasó? ¿Quién viola las normativas de Salud Ambiental y del Citma, que aun retirada la licencia el ruido es el mismo?», concluía.

Y responde Carmen Rosa López Rodríguez, directora de Empleo del Sector No Estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que según Yaniris Hernández Ventó, directora provincial de Trabajo, se visitó ese establecimiento recreativo por los miembros del grupo multidisciplinario del municipio y el Coordinador de los Programas de la Economía del territorio, y constataron los elementos expuestos por Dulce.

Hernández Ventó, añade Carmen Rosa, refiere que el caso fue analizado por los factores, y se acordó un horario de funcionamiento de lunes a viernes hasta las 12 de la madrugada y los sábados hasta las 2:00 a.m. Igualmente el volumen de los audios hay que regularlo a los límites aceptables para el ruido: 65 decibeles por el día y 55 en la noche. Para ello se determinó realizar un chequeo permanente en el área.

Siguió detallando Hernández Ventó que, posterior a ese intercambio, la comisión del grupo multidisciplinario municipal y provincial, se entrevistó con factores de la comunidad, como la delegada de la circunscripción, el presidente del CDR y vecinos de los laterales y frontales, aledaños al establecimiento recreativo, quienes afirmaron que en dicho lugar, en ocasiones sobrepasaban los niveles de ruido establecidos. Y, a su vez, solicitaron no cerrar el local, por ser el que más aporta al territorio y la principal atracción recreativa de los jóvenes, pero que debe acogerse a los niveles permisibles de sonido y ruido.

Seguidamente, la comisión visitó a Dulce, le informó las acciones realizadas y los acuerdos adoptados de no cerrar el local, pero sí eliminar el animador de este; así como que la titular del centro recreativo tiene que cumplir lo establecido. Y Dulce quedó conforme, no así este redactor con la respuesta enviada, que agradezco de todas formas. Y explico:

El caso evidenciaba bastante impunidad desde antes de la revelación de la denuncia aquí, pues aun retirada la licencia el daño sonoro continuaba. ¿Entonces quiere decir que burlaban la prohibición, y se les permitía? No se informa qué medidas se adoptaron a tiempo, no después de lo revelado aquí. Ojalá esta vez haya los suficientes controles y exigencia sobre los acuerdos adoptados, de manera que prevalezca la justicia con los oídos lacerados de los vecinos, y no la complacencia y permisibilidad con los transgresores de la paz barrial.

De paso, esta y otras historias publicadas aquí me reafirman la urgencia de crear en las bases de nuestra sociedad un sistema de control popular efectivo, con la autoridad suficiente para que se hagan valer los derechos de la comunidad y los ciudadanos, ante la inactividad y el desentendimiento de instituciones y autoridades.