Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Francisco Torres Mayo (Máximo Gómez 63, entre Agramonte y Cabada, Gibara, Holguín) cuenta que el 2 de junio de 2021,  en su auto, y junto a su esposa, trasladaba de Gibara a Bartolomé Masó, provincia de Granma, a un joven de este pueblo que por la
COVID-19 llevaba cinco meses sin poder retornar a su hogar: un paciente siquiátrico emparentado con una hermana suya de religión, quien le rogó que lo condujera hasta su casa. Ella compró el combustible y le encargó al joven, junto a otra amistad, que llevaba cuatro sacos de ajo, mercancía autorizada.

Para salir de la provincia se requería permiso del puesto de mando de Transporte Provincial. Él tuvo que ir cuatro veces a Holguín, hasta que se lo dieron el 1ro. de junio. Ya el 2 de junio en viaje, en el punto de control de Aguas Claras, la policía revisó su auto, le retuvo sus documentos, incluyendo el permiso, y localizó a los inspectores de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) provincial, quienes decomisaron el ajo. Y este los escuchó decir que el permiso de traslado interprovincial era falso, y se quedarían con él para analizarlo.

No pudo seguir viaje. Intentó infructuosamente dialogar con el inspector, quien le impuso una multa de 8 000 pesos, porque supuestamente cobró 1 000 pesos a cada pasajero, presunta violación del artículo 7.1 del Decreto Ley 30. Él sostiene que su viaje no tuvo móvil monetario, y es ofensivo ser acusado injustamente de supuesto fraude en lo del permiso de traslado, y de cobrar 1 000 a cada pasajero (3 000 en total), cuando una era su esposa.

«Me gustaría conocer qué tarifa de precios supuestamente violé, porque aparte de que no cobré nada, no hay una tarifa de precios oficial entre Gibara y Bartolomé Masó. Además, la orden de supervisión estaba totalmente ilegible. Pero aun así firmé disciplinadamente», afirma.

Estableció recurso de apelación el 3 de junio en la DIS provincial. Y quien recibió la reclamación, «se negó a firmar, alegando, en tono de burla, que no tenían ni papel carbón ni lapiceros para trabajar», enfatiza.

A los 22 días llegó la respuesta: ratificaron la multa. Y la notificación decía que su apelación fue recibida el 31 de mayo, cuando la multa se impuso el 2 de junio. Indicaba además que una comisión investigó que realmente Francisco había cobrado 3 000 pesos por el viaje. Él señala  que es «falta de respeto al responder una reclamación que prácticamente no se ha leído; porque si así hubiera sido, no habría tal error en la fecha, y no se hablaría de una comisión que no hubo: así lo atestiguan los pasajeros (incluida mi esposa), quienes afirman que no fueron entrevistados por comisión alguna de la DIS, obviamente, porque nunca existió.

«Pido que se revise trabajo tan serio e importante que realizan esas personas, y se contrate para ello personal capacitado, con una preparación y el
correcto comportamiento para trabajar y dirigirse al pueblo».

Añade que por indicación de su abogado hizo reclamación, con la presencia de sus testigos, a Fiscalía Municipal, donde, muy bien atendido, reclamó a Fiscalía Provincial, Fiscalía General de la República y al Gobernador de la provincia. Las tres primeras instancias respondieron que en sus manos no estaba la solución, a pesar de coincidir en que era un mal trabajo. Para demandar por la vía judicial, contrató abogado por la suma de 1 610 pesos. Y cinco días después, este le notificó que su demanda no procedía porque se fue de término.

«Si el proceso se fue de término, dice, no ha sido culpa mía. Analizando los hechos, estoy casi seguro de que hay la intención de que este sea el resultado final, con peloteo, burocracia y falta de interés».

Por otra parte, la respuesta de la Fiscalía General de la Republica llegó antes que la de la Fiscalía Provincial. En Fiscalía Municipal Holguín, cuando fue entrevistado, ni sabían la causa de la multa. Creían que había sido propagación de epidemia, seña de que su caso ni siquiera se había leído. Y la respuesta del Gobernador provincial demoró más de 20 días en llegar, dice.

«¿Por qué he pasado tanto trabajo y disgusto, y nadie se ha detenido a revisar real y conscientemente mi caso? De haberlo hecho alguien, seguro habría notado tantas irregularidades, bastante significativas», concluye.