Acuse de recibo
Yunaidis Fuentes Zabala (edificio 33, apto. A 5, reparto Nuevo Manzanillo, Manzanillo) está preocupada con la situación laboral que le han deparado en su centro ante la COVID-19; y requiere con urgencia de una respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Licenciada en Optometría y Óptica, trabaja en el policlínico René Vallejo Ortiz. Padece de hipertensión arterial, artritis reumatoidea, síndrome de Jorgen y cirrosis biliar primaria. Es madre soltera de una niña de tres años, asmática crónica y alérgica, que ahora se encuentra en crisis y suspendida del círculo infantil.
Ante la situación del coronavirus, tras haberse reunido con la Directora, la Jefa de Recursos Humanos y la Secretaria general del Sindicato, le orientaron que, por sus patologías, debía ir para su casa cobrando el ciento por ciento de su salario el primer mes, y luego el 60.
«Pero esto solo duró unas horas, precisa, pues me mandaron a buscar para decirme que había una nueva medida: solo los mayores de 60 años se acogían a esta medida, sin importar la vulnerabilidad de cada persona. Al final, me emitieron un certificado médico, pues de lo contrario tenía que irme para mi casa con una licencia sin sueldo.
«En las intervenciones que ha realizado nuestro Presidente y los diferentes ministros en los medios de comunicación, han aclarado que todo aquel trabajador que pueda ser más vulnerable a la COVID-19, por la edad o las patologías que presenta, debe ser liberado de su trabajo y enviado para la casa con los adecuados tratamientos salariales. Quisiera que me aclararan mi actual situación y la de muchos trabajadores que se encuentran en las mismas condiciones, pues luego de vencido el certificado médico retorno a la misma incertidumbre», concluye Yunaidis.
Ahora que ante la COVID-19 es prioridad aún mayor la producción de alimentos, Carlos Camilo Viamontes Huerta sufre que le hayan denegado la solicitud de tierra en usufructo, para trabajarla junto a su hijo.
Carlos, quien vive en calle 212, no. 4711, Arroyo Arenas, municipio habanero de La Lisa, hizo en 2018 la solicitud en la Delegación Municipal de la Agricultura. Y fundamentó que buscaba tener un vínculo laboral para él e incorporar a la sociedad a su hijo de 17 años, que padece una extraña enfermedad neurodegenerativa, pues la única oportunidad de tenerlo activo es con labores agrícolas no intensivas, y bajo su supervisión. Es que Carlos lleva tres años sin trabajar, consagrado a cuidar al hijo en la casa.
Padre e hijo se ilusionaron con la hectárea y media solicitada cerca del hogar, en la finca Santa Rita. Aún sin la aprobación, iniciaron la limpieza del área para ir adelantando, pues es una pequeña área cubierta de maleza. Felices, hacían planes. Y ese terreno figura en el Registro de tierras con su explícita delimitación, sin litigio o proceso investigativo ninguno.
Al vencer el plazo de respuesta, y sin recibir notificación, fue a la Delegación de la Agricultura en La Lisa. «Pero la Directora no fue comprensiva ante mi situación, afirma, y cuestionó la selección de esa parcela específica. Me daba igual, le dije, cualquiera donde viera feliz a mi hijo. Y me sugirió otra parcela que visitamos de inmediato. Ella quedó en avisarme y jamás lo hizo».
El pasado 18 de marzo, a casi 500 días de la solicitud, le llegó la notificación de que le fue denegada «por decisión superior de no interceder por situaciones»; expresión, según él, indescifrable, y que no aparece en ningún acápite de lo legislado.
«Mientras tanto, dice, seguimos en casa mi hijo y yo, esperando un futuro mejor, donde sea posible incluirnos en el aporte de la sociedad».
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