Acuse de recibo
El 15 de noviembre de 2019, y desde Palma Soriano, en Santiago de Cuba, Jesús Rodríguez Vinent planteó aquí su inquietud por el rumbo tomado por una queja presentada por él en la Fiscalía Provincial el 10 de diciembre de 2018, ante la recepcionista de ese órgano, quien la asentó en el libro y le solicitó su número telefónico para localizarle.
«Hasta el día de hoy, afirmaba, no sé qué rumbo le dieron a mi queja. ¿Cuál es la excusa para haberme limitado la Fiscalía de Santiago de Cuba en el ejercicio de un derecho constitucional? Ni un tratamiento o respuesta oportuna en el plazo, y según el procedimiento establecido en la Ley».
Al respecto, responde Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, quien precisa que en ese órgano se investigó la queja del ciudadano presentada a la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba, y relativa a la situación de hacinamiento e insalubridad del domicilio donde él reside, a pesar de la existencia de un programa de rehabilitación al respecto en el municipio de Palma Soriano.
«En el momento de la publicación del artículo, refiere, se tramitaba por la Fiscalía Provincial de Santiago de Cuba la reclamación 149/19, en la que interesaba entrevistarse con funcionarios del Partido, al no haber recibido respuesta del Gobierno municipal de Palma Soriano a su reclamación».
Precisa que al respecto le fue notificado al promovente por la Fiscalía el 20 de noviembre de 2019, el análisis que se realizaría con el Gobierno provincial de sus pretensiones.
Y añade que «el asunto fue evaluado con la correspondiente funcionaria del Gobierno provincial de Santiago de Cuba, quien informó que fue visitado el inmueble del reclamante como caso de trato adecuado, se le entrevistó en la sede del Gobierno Municipal en fecha 23 de noviembre de 2019, determinándose la inclusión de su solicitud en el plan de construcción del año 2020. Y Rodríguez Vinent fue trasladado para otro domicilio, hasta tanto se concluyan las acciones constructivas de su vivienda».
Agradezco la respuesta y la atención al caso, que parece encaminarse a su solución. Y solo lamento que no se explicara por qué en 11 meses quien solicitó la mediación de la Fiscalía Provincial no había recibido respuesta, al menos para decirle que su caso se estaba gestionando.
Desde la ciudad de Santiago de Cuba, María Teresa Boada Estrada denunciaba aquí el 19 de diciembre de 2019 que al lado de su casa hay una paladar discoteca que es una molestia sonora a altos decibeles, y ella tiene un hijo discapacitado y epiléptico, con tratamiento siquiátrico.
Refería que la Policía ha hecho llamados y cartas de advertencia a su titular, quien transitoriamente reduce el volumen, y al poco tiempo vuelve a elevarlo. Y se quejaba de que, con tantas gestiones hechas, al final nadie podía detener aquella hiperdecibelia.
Al respecto, responde el Teniente Coronel Carlos Pérez de la Cal, jefe del Departamento de Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior, que la Policía Nacional Revolucionaria Provincial constituyó una comisión interdisciplinaria, de conjunto con el Citma, Higiene y Epidemiología, Trabajo y Seguridad Social, la Dirección Integral de Supervisión y Control, la ONAT y los factores de la comunidad.
Precisa que en diciembre de 2019 la comisión no halló irregularidades sonoras, pues dictaminaron como aceptable el nivel sonoro, que no transgrede las normas medioambientales. Y el titular del centro trabaja en la colocación de planchas aislantes del ruido en el local.
No obstante, indica que está previsto un monitoreo sorpresivo del lugar, para evaluar decibeles y adoptar medidas. Y la Dirección de Trabajo, junto a Higiene y Epidemiología, hará un estudio de los niveles de ruido con sonómetro.
«Se constató, señala, la incidencia sistemática de la PNR del territorio en el asunto, con acciones profilácticas en la comunidad, entrevistas, contactos con los factores y coordinaciones con los organismos competentes.
«Se le ofreció respuesta a la promovente, quien manifestó no tener inconformidad con el trabajo policial, sino con el resto de los organismos que deben dar solución a la problemática, fundamentalmente la Dirección de Trabajo y Seguridad Social», concluye.
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