Acuse de recibo
Desde La Aurora No. 1, Caney de las Mercedes, Bartolomé Masó, en Granma, José Luis Estrada Perdomo contó aquí el 27 de marzo de 2018 el litigio que llevaba hacía más de dos años ante la Dirección Municipal de Planificación Física (DMPF), para hacer respetar sus derechos.
Refería que en noviembre de 2014, en virtud del Decreto Ley 300, la Agricultura le entregó una hectárea de tierra en calidad de usufructo para trabajarla. Pero la DMPF y la Dirección Municipal de la Vivienda (DMV) autorizaron a otro lugareño a construir una casa dentro del área adjudicada.
Al iniciarse la ejecución de la vivienda, Estrada reclamó ante la DMPF, con la documentación que le acredita como usufructuario. Pero no se emitió orden de paralizar la obra. También insistió en la Oficina de Control de la Tierra (OCT) de la Delegación Municipal de la Agricultura, que de conjunto con GeoCuba y sus inspectores visitaron el sitio, realizaron la medición del terreno y los trámites necesarios, y confirmaron la razón de Estrada.
Entonces visitaron a Estrada el director de la DMPF, el jefe de inspectores de esa entidad, un funcionario de la DMV y dos inspectores. Le propusieron que el vecino le diera un pedazo de tierra ya preparada para que él lo dejara construir dentro del área de usufructo. Y no aceptó.
Estrada presentó su queja en la DMV, el Gobierno municipal y la Fiscalía. Y como respuesta le dieron el argumento de que él estaba sobredimensionando los linderos, lo cual contradecía lo certificado por la OCT.
Insatisfecho, el campesino apeló a los niveles provinciales de Planificación Física, Vivienda, Fiscalía y Agricultura. Y prevaleció lo dictaminado por la DMPF, sin que mediara una visita de esas entidades al lugar.
Ante lo publicado, solo recibí carta el 2 de abril de ese año de Alexander Rojas Pérez, delegado provincial de la Agricultura en Granma, quien acotó que la respuesta al caso correspondía a la DMPF y a la DMV. Y más nadie respondió.
Vuelve a escribir ahora Estrada para revelar que todo sigue igual. Luego de la publicación entonces del caso, dice, lo visitaron representantes de Planificación Física, y le aseguraron que el Gobierno municipal era quien le iba a dar una respuesta. También lo visitó la arquitecta y una funcionaria del departamento Jurídico de la DMV. Y le dijeron lo mismo.
«Ha pasado más de un año y el Gobierno no me ha dado respuesta alguna», concluye Estrada.
Como una situación insostenible califican el pésimo servicio de agua los vecinos de la comunidad situada en el kilómetro 2 ½ de la carretera a San Juan y Martínez, Consejo Popular Vizcaíno, en la provincia de Pinar del Río.
Los remitentes: Lien Lezcano Arencibia, Guillermina Arencibia Peña y Caridad Ceballos Morejón, refieren que esa comunidad de 21 viviendas recibe el agua cada ocho días y más, y muy deficitariamente, debido a la depresión de los mantos freáticos de la zona.
Sin embargo, a consecuencia de cuatro salideros impunes, se despilfarra el agua que tanto necesitan allí. «Ya esta problemática se ha elevado a todas las instancias provinciales por parte de los vecinos y la delegada desde 2017, y la situación no se soluciona», señalan.
Y cuentan que ya en 2016 los vecinos compraron las tuberías, abrazaderas, acometidas y otros dispositivos por valor de 14 700 CUP, y facilitadas por la Dirección Provincial de Acueducto.
«Se hizo un arreglo, señalan, pero casi inmediatamente se creó otra situación. Los vecinos hemos estado volcados en solucionar el problema, pero ya no tenemos opciones. Los salideros no los han arreglado, y el agua se sigue perdiendo. Cuando llega, hay muy poca presión en las 21 casas. Nos han visitado, observan la afectación, pero no aparece solución», concluyen.
22
