Acuse de recibo
Parece no tener fin en su estancamiento la historia denunciada aquí el pasado 5 de junio por Maikel Cruz Sánchez, socio de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Carlos Sosa Ballester, en Las Tunas.
Entonces, Maikel contó que su tío Roberto Tomás Sánchez, socio también de la CCS, le otorgó poder especial para representarlo por derechos que consideraba vulnerados. El asunto es que el 26 de julio de 2016 Roberto vendió 120 cabezas de cerdo a la Empresa Porcina de Las Tunas, por intermedio de la CCS, la cual no le había pagado aún.
En septiembre de 2016, el presidente de la CCS planteó que no podía pagar, pues se estaba haciendo una verificación fiscal a la misma, se había ocupado toda la documentación y la económica estaba detenida.
Pasaba el tiempo y en cada asamblea de la CCS se analizaba el impago, sin que hubiera respuesta. Tío y sobrino reclamaron a la Fiscalía Municipal, la que planteó que el asunto debía resolverse en la asamblea general de la CCS, o contratando un abogado para demandar ante tribunales.
Maikel alegaba que, al presentarse ante el tribunal con ese fin, este no aceptó la demanda, alegando lo mismo: el conflicto debía resolverse en la asamblea de la CCS. Lo mismo dijo la ANAP.
El 1ro. de agosto pasado, reflejé la respuesta del doctor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, quien señalaba que se pudo constatar por investigaciones en el Tribunal Provincial Popular que no se había recibido demanda a nombre de Maikel y Tomás contra la CCS. Y ello se corroboró en visita al domicilio del interesado, quien reconoció que no llegó a interponerla.
Remigio Ferro apuntaba que la CCS es una asociación voluntaria, que se rige por los principios de cooperación, ayuda mutua y decisión colectiva, y todos sus actos se analizan y deciden en forma democrática por su asamblea general. Y concluía que los diferendos económicos entre los socios y la cooperativa son conflictos internos, que no se dirimen en los tribunales.
Y el pasado 31 de octubre volvió por sus fueros Maikel, para decir que «el asunto se ha ventilado en todas las asambleas programadas de la CCS, plenario donde se han tomado acuerdos para dar solución al conflicto, lo que ha quedado en el olvido, pues aún no se cumplen».
Refiere: «En visita que realizó el Ministro de la Agricultura a la provincia, se interesó por el asunto, ya que conocía el problema por la queja que hice al periódico, dejando indicado que debían resolver el conflicto definitivamente; sin embargo, hasta la actualidad no se ha cumplido lo indicado por el Ministerio».
Y pregunta: «¿Ante quién me dirijo? ¿Cuál será la autoridad encargada de ofrecer respuesta a este padre de familia, hijo de la Revolución, educado con principios éticos y morales? ¿Quién es el facultado para realizar una investigación profunda y correcta, sin dilación? ¿Cuál es la autoridad que pondrá fin a esta penosa situación?».
Jayssa Marisy Fonseca (San Agustín 402, entre San Francisco y San Germán, Santiago de Cuba), y los vecinos de San Francisco 531 A, entre San Agustín y Reloj, en esa ciudad, hace cuatro meses que no reciben el servicio de agua en sus respectivas casas.
«La entrada del agua a nuestras casas está obstruida, afirma Jayssa, y a finales de agosto conseguimos un plomero que, cuando empezó los trabajos, se percató de que a nuestra tubería no subía el agua desde la calle».
Les dijeron que había que llamar a Aguas Santiago. Llamaron, y nunca se presentaron. Fueron a Atención a la Población del Partido, y les orientaron que fueran los miércoles a Aguas de Santiago, que ese día su directora atiende al público. Pero los miércoles 18 de octubre y 6 de noviembre, cuando fueron, la directora no atendió al público, porque tenía reuniones.
«Estamos a 15 de noviembre, señala, y no hemos tenido solución a nuestro problema».
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