Acuse de recibo
Leonel Capote Mirabal, pequeño agricultor de la cooperativa de crédito y servicios (CCS) Ubaldo Díaz Mirabal, en el municipio artemiseño de Güira de Melena, alerta contra ciertas prácticas que se van entronizando en la agricultura de ese territorio, las cuales pueden comprometer las cosechas de alimentos para el pueblo.
Refiere Capote que desde noviembre de 2013 a los campesinos les han recortado el combustible asignado para regar los cultivos y preparar la tierra. En su finca de una caballería (13,42 hectáreas), tiene sembradas dos hectáreas de plátano vianda, una de plátano fruta, dos de malanga y dos de yuca. Las demás están sin preparar, por falta de combustible.
Solo le están vendiendo 200 litros de petróleo por mes, cuando esa cantidad, por experiencia, se consume en una semana. Así, las tierras se están regando cada 15 o 20 días. De esta manera los sembrados se afectan, y eso trae como consecuencia bajos rendimientos.
«Todos los meses —precisa— nos dicen que la Empresa de Cultivos Varios le suministra a la cooperativa el 70 por ciento del combustible que tiene que dar. Y al final nos reparten un tanque de 200 litros por finca, y a esperar al próximo mes.
«Ya los campesinos estamos indignados, porque trabajamos con muchas dificultades. Súmele a ello los impagos y las cuentas por cobrar. Necesitamos urgentemente que se solucione el problema, ya que los cultivos no esperan, y hay que asistirlos a su debido tiempo.
«Los perjudicados vamos a ser nosotros, los campesinos, y el pueblo en general, que se verá afectado por el déficit de productos agropecuarios, siendo la producción de alimentos una preocupación del Estado cubano, reflejada en los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido».
«Se me cierran las puertas por la incomprensión y la falta de sensibilidad», confiesa con suma tristeza en su carta Gerardo Roger Obregón Pupo, un anciano de 83 años, viudo y con chequera de jubilación de 242 pesos, quien vive en calle Miró No. 47, entre Cuba y Garayalde, en la ciudad de Holguín, junto con su hijo de 50 años, un paciente con encefalopatía crónica y serias limitaciones para caminar.
Cuenta Gerardo que el 28 de abril pasado se presentó en el policlínico integral Máximo Gómez Báez, de ese municipio, para recoger la reanudación de la dieta médica que su hijo ha tenido desde que nació.
Solo faltaba la aprobación del Director del policlínico, pero este no la firmó por no poseer examen de diagnóstico. En otras palabras, no aparecía la historia clínica del enfermo. La habían extraviado recientemente en el propio centro asistencial, según Gerardo.
El problema se complica, pues, ahora, para disponer de una nueva historia clínica que facilite la reanudación de la dieta alimentaria, se requiere tener previamente una consulta con el neurólogo y el siquiatra, «algo prácticamente imposible en el caso de mi hijo, por sus limitaciones para caminar», afirma el padre.
Gerardo dice más: «A pesar de que vivo a escasas cuadras del policlínico, nunca hemos sido visitados por médico alguno». Y cuestiona: «¿Tenemos que pagar por la negligencia, indolencia y falta de responsabilidad de otros, siendo privados de un plumazo de algo que es vital para mi hijo, y que con mi chequera sería imposible adquirir?».
Los niños, los ancianos y los enfermos, mucho más cuando viven en estrechez y en soledad, necesitan sobremanera del corazón y la comprensión de la sociedad, sobre todo de quienes prestan servicios de salud. ¿Es tan difícil que los facultativos vayan a ese hogar a recomponer lo que se extravió? ¿Quién les va a dar la cara y disculparse por la irresponsable pérdida? ¿Estará a dieta allí la sensibilidad?».
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