Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Ariel Mantecón Ramos, presidente de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos, se disculpa públicamente con Ramón Ruiz Álvarez, al responder la queja de este lector, reflejada aquí el pasado 8 de enero.

Entonces, Ramón denunciaba el rosario de irregularidades sufridas desde que, con el fin de divorciarse, hizo el contrato correspondiente con una abogada del Bufete Colectivo de E y 23, en el municipio capitalino de Plaza de la Revolución, el 15 de mayo de 2007.

En síntesis, le dijeron entonces que se mantuviera comunicado con el Bufete. Así lo hizo, sin respuesta efectiva, hasta que en diciembre de 2007 pudo ver a la abogada y esta le comunicó que se le había extraviado el documento que él le había presentado con los nombres y direcciones de los testigos. Habían transcurrido seis meses y estaba en punto cero nuevamente, con el agravante de que la abogada ni siquiera se comunicó con él para informarle.

Desde enero de 2008, Ramón se mantuvo insistiendo. Transcurridos 32 meses de llamadas infructuosas, en marzo de 2008 logró contactar telefónicamente con la abogada, y fue cuando ella le indicó que debía presentarse en el Bufete para llenar una solicitud de Trámites legales, y con ello obtener un «certifico» de la salida del país de su contraparte.

Esa gestión se hizo efectiva el 22 de marzo de 2008. Pero después las llamadas y presentaciones de Ramón en el Bufete fueron igualmente infructuosas. Y las respuestas de la abogada, cuando pudo contactarla, fueron «esquivas, evasivas, justificantes sin argumentos sólidos», según el remitente.

El 19 de diciembre, cuando Ramón apeló a esta columna, ya se le había agotado la paciencia.

Al respecto, el presidente de la ONBC reconoce que al demandante le asiste la razón, pues «en la tramitación del proceso, se constataron irregularidades graves por parte de la abogada que, por ello, es procesada disciplinariamente». En tal sentido, sostiene que «fallaron mecanismos imprescindibles de control, por lo cual se hizo un análisis de la responsabilidad administrativa, y se aplicarán las medidas apropiadas». Se citó y entrevistó al cliente, agrega, y se encaminó su proceso en la forma establecida.

Luego de asegurar que «un hecho específico como este, será tratado con el rigor adecuado», Mantecón sostiene que la historia que hoy concluye «no debe empañar el prestigio de miles de abogados que desempeñan correctamente su trabajo».

El pasado 20 de enero reflejé aquí la queja del lector Daniel Vega Fernández, acerca del horario que tiene el teatro Karl Marx, de la capital, para la venta en sus taquillas de las entradas para sus tan demandados espectáculos y conciertos.

Daniel consideraba impropio que se comercializaran las entradas de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., con el argumento de que quienes trabajan o estudian no se benefician así, y ello favorece a revendedores y especuladores que acaparan las entradas para luego revenderlas a precios exorbitantes.

Al respecto, responde Mercedes González Freire, responsable allí de promoción y relaciones públicas, quien aclara que el horario de venta de entradas de ese teatro es de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. «En nuestras marquesinas, donde se anuncia la promoción de los espectáculos, están incluidos el día, precio y horario de venta», consigna.

Reconoce Mercedes que para los espectáculos de alta demanda, las entradas se agotan mucho antes, y sostiene que el tema de los revendedores ya ha sido esclarecido por esa institución.

«Esa situación se ha tramitado en varias ocasiones por nuestra entidad con los órganos que deben ejecutar y tomar las medidas pertinentes. A ellos les corresponde accionar enérgicamente contra esos males que tanto incomodan al pueblo trabajador», concluye.

Lo cierto es que ya llueven sobre mojado las denuncias sobre el «negocito» montado por los revendedores al pie de las taquillas de los teatros. Últimamente, en los primeros días de proyección del filme cubano El cuerno de la abundancia, apareció esa modalidad en el cine Yara también. Y todo sigue igual. ¿Hasta cuándo?

Coeficiente de dudas José Alberto Montero (Avenida 255 número 8638, entre 86 y 90, reparto La Cumbre, San Miguel del Padrón, Ciudad de La Habana), me escribe con una inquietud de tipo salarial, que atañe a muchos trabajadores que, como él, laboran en el Establecimiento de Izaje de Ciudad de La Habana, de la Empresa Central de Equipos del Ministerio de la Construcción. Manifiesta Montero que para evitar la inestabilidad en el sector de la construcción, e incentivar la permanencia, existe un plus por encima del salario que se denomina Coeficiente de Interés Económico y Social (CIES). Tal pago es para la totalidad de los constructores, incluido el personal dirigente y administrativo. Pero hace más de tres años que allí en Izaje están reclamando, «sin que un oído receptivo nos escuche», que los consideren también en los pagos por concepto de condiciones laborales anormales (lejanía, albergamiento, nocividad, nocturnidad y altura, entre otros). Pero ellos no son tenidos en cuenta en tal sentido, pues les plantean que el CIES ampara todos esos pagos mencionados. Y a Montero le parece irracional, porque el CIES no se creó para esas particularidades, y es un coeficiente generalizado en el sector de la construcción. Pero el trabajo de los obreros de Izaje es muy específico: «Somos operadores, —y mecánicos muchas veces, no pocas con riesgos reales como en las refinerías o bajo el subsuelo, en la madrugada—, de explosivos», argumenta. Montero aclara que su carta es a título personal, pero precisa que el problema es de todos sus compañeros. Y ellos no comprenden por qué no se tienen en cuenta sus especificidades. No les convence que esos pagos por condiciones laborales anormales estén comprendidos en el CIES, coeficiente que perciben todos los constructores, bajo cualquier régimen de trabajo.