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Matizadas por denuncias de posible fraude, quejas sobre la inconstitucionalidad de una de las candidaturas y una violencia añeja que dejó a cuatro activistas de distintos partidos asesinados en plena campaña, las elecciones de hoy en Honduras podrían concluir con la ratificación de las políticas vigentes, o el cambio que posibilite recuperar el camino frustrado por el golpe de junio de 2009.
Nueve aspirantes pugnan por la presidencia, aunque se considera que solo tres tienen posibilidades. Dos de ellos van por partidos representativos de los poderosos grupos oligárquicos que superviven en uno de los países más pobres de Latinoamérica: Luis Zelaya, por el Liberal y el actual mandatario Juan Orlando Hernández, del Nacional, quien busca repetir, aunque los opositores han protestado esa postulación, avalada por un juez, pero que se alega es inconstitucional.
El tercero con chance es el periodista Salvador Nasralla, quien se presenta por la coalición de Libre (Libertad y Refundación), el Partido Anticorrupción y el Innovación y Unidad (PINU), nucleados todos ahora en la alianza Oposición contra la Dictadura.
Libre y Anticorrupción constituyen la expresión política que adoptó el amplio movimiento de resistencia (el Frente Nacional de Resistencia Popular) luego de la asonada que demovió a Manuel Zelaya hace ocho años. Ello es razón suficiente para considerar a esa coalición como una expresión auténtica de los de abajo.
De hecho, el propio Zelaya es uno de sus líderes. Y a pesar de que los suyos han denunciado con insistencia la probabilidad de fraude, el expresidente llamó a votar y dijo que la alianza «defenderá con todo los votos si estamos ganando las actas».
Ello habla de su confianza en la posibilidad de obtener una mayoría de sufragios que el sistema electoral hondureño no exige que sea absoluta, motivo por el cual tampoco existe la segunda vuelta para declarar presidente.
Las encuestas, muchas veces erráticas o mal intencionadas pero usadas casi siempre en todos lados para avizorar las posibles trayectorias, esta vez son encontradas, en dependencia del auspiciador, sin contar las denuncias de que se ha lanzado una campaña del miedo contra la coalición. Por eso, lo más sensato parece ser esperar el cierre de las urnas.
La oposición insiste en que, de algún modo, la asonada está vigente, aunque las elecciones de 2013 marcaron el término del mandato de Porfirio Lobo, quien había asumido en 2010, luego de elecciones poco reconocidas, porque se efectuaron al socaire del golpe para que saliera del ruedo el despreciado usurpador Roberto Micheletti.
No se trata solo de la persistencia de un sistema económico y social casi feudal que sigue concentrando la tierra y las riquezas en pocas manos, mientras más del 60 por ciento de los hogares está bajo la línea de pobreza, y de una violencia que no es solo común sino política.
También pesa la impunidad persistente tras un golpe que, si bien vistió ropajes de civilidad cuando el Congreso «asumió» que destituía a Zelaya, lo cierto es que se instrumentó bajo la bota militar y gorilesca, con soldados que a punta de bayoneta sacaron al Presidente de su casa y del país, y reprimieron con fuerza a un pueblo que protestaba.
Baste decir que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas, el exgeneral Romeo Vásquez Velásquez, hoy también se postula.
Fue el de Honduras la primera pieza de los golpes de cuarta generación que se han ido sofisticando desde entonces para acabar con la izquierda en América Latina. Podría considerarse completamente revertido si hoy ganara la coalición.
