Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Trámites de vivienda:

Primera fase:

• Entrega de los títulos inscritos pendientes al decretarse el cierre de los servicios.

Segunda fase:

• Se podrá inscribir los inmuebles de las personas naturales y la expedición de certificaciones.

Tercera fase:

• Restablecimiento de todos los servicios.
• Inscripción de los inmuebles de personas naturales en todos los casos.
• Inscripción de los inmuebles estatales y de las personas jurídicas no estatales.
• Expedición de certificaciones.

Cumplen sus obligaciones en las consultas realizadas, permiten la emisión de opiniones legales, dictámenes de contratos o asuntos, dan servicios de asistencia y asesoría legal y procesan solicitudes y preparan la documentación para los servicios ante la Oficina Central de Propiedad Industrial (OCPI).

Primera fase:

• Contratan servicios para trámites migratorios de acuerdo con las características de los territorios y servicios de asistencia legal no presencial.
• Coordinan con la Empresa Correos de Cuba la recepción y entrega de los documentos así como las conciliaciones con los ministerios del Interior, Salud Pública y las Fuerzas Armadas, para la obtención y legalización de documentos.

Segunda fase:

Se adicionan

• Contratación de asuntos de menor complejidad.
• Inician la contratación general de los servicios de obtención y legalización de documentos docentes y registrales.

Tercera fase:

• Restablecimiento total de los servicios.

Al comentar sobre el funcionamiento de la caja de resarcimiento, dijo que durante la primera fase la oficina central y las secciones provinciales inician los procesos de ingresos y pagos y continúa la recepción de las sentencias del sistema de tribunales.

Al concluir su intervención, Silvera Martínez acotó que el funcionamiento de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y de las empresas de Consultoría Jurídica será de manera progresiva, en correspondencia con la dinámica de actuación del sistema judicial y de las personas jurídicas que reciben su asesoramiento.

La Fiscalía General en la etapa de enfrentamiento a la COVID-19

Yamila Peña Herrera, Fiscal General de la República. Foto: Estudios Revolución

La Fiscal General de la República, Yamila Peña Herrera, hizo un balance de las medidas adoptadas en este órgano de la República para ajustar su trabajo al contexto de la pandemia.

Recordó que, al activarse los consejos de defensa provinciales, la Fiscalía, dando cumplimiento a su mandato constitucional en esta etapa, debió acometer un reordenamiento del órgano. Para ajustarse a los requerimientos de la etapa, pues los fiscales jefes de cada territorio son los jefes jurídicos de cada uno de estos consejos.

En esta institución se creo un grupo de trabajo temporal tanto en el órgano central como en los territorios lo que ha permitido, dijo, tener un control diario de la situación nacional, para poder evaluar el cumplimiento de las funciones que corresponden a la fiscalía.

Al igual que en todas las instituciones, la fiscalía también debió determinar quiénes estarían de forma presencial y quienes estarían en modo de teletrabajo.

 En el contexto de aislamiento se explotaron las plataformas digitales para estar en contacto con los funcionarios de los municipios y las provincias a través de videoconferencias, que han dado muy buenos resultados y se ha quedado como buenas practicas a futuro, señaló.

Explicó que se ha mantenido la labor de control, supervisión y traslado de documentos, a pesar de que más del 50 por ciento de la fuerza laboral se encuentra en modo de teletrabajo.

Mencionó que, desde 2016, cuentan con una norma que estableció una norma que regula la actuación de la Fiscalía en medio de determinados eventos como los climatológicos, y que ha sido aplicada en el contexto de la COVID-19.

 Mencionó que se han implementado un grupo de decisiones para revisar el modelo de actuación ante los procesos que se encuentran en curso.  Ha habido un principio ante los procesos penales, y ha sido el de racionalidad a la hora evaluarlos, afirmó. No estamos en un momento normal, pero debemos actuar acogidos a los principios de justicia que aparecen refrendados en nuestra Constitución, acotó.

Tuvimos que tomar medidas como limitar la actuación de los fiscales en las unidades de la policía, al control de la legalidad en los locales de detención y establecimientos penitenciarios, y las entrevistas a los detenidos cuando se pone en practicona detención cautelar, explicó.

A partir de que se activara el decreto 248 Año respecto tomamos algunas medidas. Retomamos los casos que estaban pendientes en marzo y decidimos ir avanzando en la medida que fuera posible y que se pudieran ir haciendo una serie de acciones en ellos. Este trabajo comenzó en marzo, pero este trabajo ha sido constante en el tiempo.

 Con muchos acusados, previa información a todas las instancias, se decidió su suspensión.

Esta ha sido una etapa muy dinámica, pero que nos ha permitido aprender. Hemos debido trabajar en armonía con todas las instancias, con el respeto de las funciones que cada uno tenemos en las materias del derecho.

Mencionó que el país ha continuado enfrentando un grupo de asuntos, por lo que en estos meses se han seguido presentando y despachando una serie de procesos.  

Se refirió a los hechos delictivos que se han divulgado a través de los medios de comunicación, los cuales se encuentran actualmente en proceso investigativo, y cuando su sentencia sea firme, entonces daremos información de la conclusión de estos procesos, concluyó.

Otro tema ha sido el control de la penalidad. Se suspendieron 24 acciones, pues en el estado en que estaban era imposible continuar el proceso. Pero no se dejaron de hacer acciones de control, a partir de la propia intención del Estado de evaluación de lugares vulnerables.

 El tema de la atención a los ciudadanos como parte del control de la legalidad ha tenido un trabajo fuerte.  Aquí sí hubo que reorganizar el trabajo, para dar seguimiento a las ocho vías de atención a la población, señaló.

Entre los meses de marzo y abril se atendieron 24 695 personas, de ellas el 14 por ciento fueron atendidas de manera personal.

Se recibieron más de 3 000 reclamaciones en este periodo, y sí hubo que archivar un grupo de asuntos, pues el contexto no permitía realizar diligencias. Pero estamos en mejores condiciones para reasumirlos cuando la recuperación gradual lo permita, explicó la Fiscal General.

La comunicación institucional la hemos tenido como una prioridad de trabajo tratando de que todo lo que estamos haciendo estén a disposición de los ciudadanos. Y si la queja de los ciudadanos fue que en determinado momento no respondimos, pues a eso también le estamos dando solución, dijo.

Acciones para la recuperación de los servicios

Gradualidad, asimetría, y la evaluación de las provincias de La Habana y Matanzas como los dos focos actuales de la epidemia en el país, son temas tenidos en cuenta para la estrategia de recuperación de este organismo.

Las medidas generales que ha dispuesto el país en cuanto a distanciamiento, desinfección higienización, están siendo evaluando en cada uno de sus locales, donde además se tienen en las características físicas para permitir el distanciamiento, sobre todo en relación a la atención a la población.

El trabajo a distancia se mantiene como hasta hoy en la primera fase en la que se priorizará el trabajo de control de los asuntos y de la información.

 Se evalúan cargos que por sus funciones pueden quedar en la categoría de trabajo a distancia, incluso ya de forma permanente.

 Las acciones de preparación no se retomarán en la primera fase y a partir de la segunda y tercera se retomarán gradualmente las actividades presenciales.

El técnico medio en derecho y la enseñanza de posgrado se irá incorporando gradualmente a la normalidad.

En cuanto a los procesos penales explicó que desde la primera fase ya se podrán ir poniendo en curso algunos en cada territorio. En este momento se pone en orden estos expedientes, agregó.

En la primera fase continuará limitada la presencia de fiscales en las unidades policiales, hasta que de forma gradual en la tercera se llegue a la normalidad.

En el control de la legalidad estamos haciendo una revisión de los cientos de reclamaciones que tenemos archivadas, para que cuando se pongan gradualmente en curso, comenzar los contactos con los ciudadanos.

En la fiscalía militar también se realizaban acciones que están detenidas y se retomarán cuando paulatinamente los territorios vayan regresando a la normalidad, explicó.

Actuación del Tribunal Supremo Popular 

El presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Ramigio Ferro, comentó en la Mesa Redonda que «por la importancia que tiene para la sociedad la impartición de la justicia, es un servicio que debe mantener su vitalidad en todas las etapas».

Ramigio Ferro precisó que desde los primeros momentos, el Tribunal experimentó una reducción de la tramitación de los diferentes procesos. Poco más de 4 500 procesos penales fueron detenidos temporalmente; y en otras especialidades que recurren a los tribunales, se detuvieron más de 15 000 procesos.

El presidente del Tribunal Supremo Popular afirmó que «en la medida en que la actividad judicial se fue readecuando, se redimensionaron algunas estructuras nuestras; se organizaron nuestras distintas sedes judiciales, aplicamos el trabajo a distancia, y se reasignaron otras tareas a los trabajadores.

De una plantilla de más de 5 000 trabajadores –precisó Ramigio Ferro–, un total de 3780 no acudieron a las oficinas regularmente.

Hasta el 12 de junio se radicaron en los tribunales más de 1 800 causas vinculadas, por ejemplo, a la propagación de epidemia, corrupción y acaparamiento. Sin embargo, durante este tiempo los tribunales ofrecieron más de 7000 beneficios a sancionados.

En el caso del Tribunal Supremo Popular, las salas continuaron deliberando otros asuntos como los recursos de apelación; se continuó estudiando expedientes en profundidad; se tramitaron quejas de la población, entre otras actividades que no implicaban riesgo para la salud de los trabajadores.  

Rubén Ramigio Ferro puntualizó que durante toda esta etapa, se han mantenido laborando los grupos de trabajo para la elaboración de los proyectos legislativos que están previstos en los cronogramas para este año; los cuales están transitando por los distintos trámites hasta que llegue el momento de su presentación en el Parlamento cubano.

Algunas medidas dispuestas por los tribunales

El presidente del Tribunal Supremo Popular subrayó que en el plan de medidas para la etapa de recuperación aprobado por el Buró Político del Partido y el Consejo de Ministros, se plantea que se hará una incorporación gradual de los procesos judiciales según la urgencia y naturaleza de los mismos.

• Retomar la tramitación de los asuntos que quedaron pospuestos temporalmente.
• En los casos en que el Tribunal disponga la reanudación del proceso, los implicados serán informadas de ellos.
• Se respetará el tiempo establecido para cada proceso.
• Los tribunales recibirán las nuevas demandas y reclamaciones, y procederán a su tramitación en la medida en que las condiciones lo permitan.
• Los jueces velarán porque no se vulneren las garantías de los acusados
• Los acusados se citarán en horarios escalonados, garantizando el necesario distanciamiento físico.
• Las notificaciones se realizarán por vía electrónica o telemática.
• En los casos en los que resulte necesario, se realizará la comparecencia de testigos de manera virtual.