Acuse de recibo
EL pasado 29 de enero, y desde la ciudad de Holguín, Gilda Romero Santiesteban contaba aquí que ya hacía un año trajo a vivir con ella a su madre de 91 años, con demencia senil y una chequera de la Asistencia Social de 147 pesos. Y Gilda es jubilada por enfermedad, operada de cáncer de mama, y con una chequera de 270 pesos.
Pero cuando la anciana llevaba más de seis meses en casa de su hija, le retiraron la Asistencia Social. Y les dijeron que para que la señora continuara con esta, tenía que seguir viviendo sola.
«No podía yo salir de mi asombro», afirmaba Gilda, y añadía que ese caso debía tener otra mirada, muy puntual, pues en un país que envejece demográficamente, las necesidades, lejos de disminuir, se multiplican.
«Ya no sé qué voy a hacer, refiere, pues el dinero hace falta para los alimentos y los medicamentos. Por favor, ayúdenme», concluía.
Al respecto, responde Dalila Almaguer Betancourt, directora provincial de Trabajo y Seguridad Social en Holguín, que, de acuerdo con la investigación socioeconómica realizada, Gilda, con 68 años, además de su pensión por jubilación de 270 pesos, es trabajadora por cuenta propia en la actividad de aguador, con un ingreso mensual promedio de 300 pesos.
Y, efectivamente, convive con su mamá, Dora Santiesteban, de 91 años y con demencia senil, quien vivía sola y fue protegida por la Asistencia Social hasta septiembre de 2018, cuando en la revisión realizada se comprobó que se había trasladado, hacía seis meses, a vivir con la hija.
Se supo que Dora cuenta, además de Gilda, con otros dos hijos: Maira, de 65 años, jubilada con pensión de 270 pesos; y Blas, de 55 años, residente en La Habana y sin vínculo laboral. Y Gilda tiene dos hijos, una trabajadora y otro desvinculado del empleo.
«Teniendo en cuenta que la adulta mayor fue a residir en el domicilio de una hija, donde existen ingresos por concepto de pensión por edad y del trabajo por cuenta propia, además de contar con otros dos hijos como familiares obligados, la Dirección de Trabajo extinguió la prestación de la Asistencia Social, considerando que esta protección se brinda con carácter temporal, condicionada a la revisión periódica de las causas que la originaron, atendiendo a las condiciones del núcleo familiar en general y no de manera particular a uno de sus integrantes».
No obstante, refiere, de manera excepcional, considerando la edad de Dora, que además requiere cuidados, y que la situación del núcleo familiar puede complejizarse, se decidió proponer su evaluación al Consejo de Dirección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el cual aprobó una prestación monetaria excepcional de 217 pesos, por el acuerdo No. 15 del 4 de febrero de 2019.
Idelfonso Bárcena Gallardo (calle 178 no. 34903, entre 349 y 180, reparto Primero de Mayo, Boyeros, La Habana) cuenta que en el pasado diciembre reportó, con el número 142-187, un pequeño salidero de agua en la acometida de entrada a su vivienda, pero en la calle.
Ahora el vertimiento ha aumentado. Ya inunda toda la calle y corre por toda la cuadra. E Idelfonso ha estado llamando semanalmente, y siempre la respuesta es que hay que esperar. «Es un crimen botar tanta agua durante casi diez horas diarias», manifiesta el remitente.
Juan Rizo tiene una inquietud, allá en su domicilio, en el edificio E-35, de la zona 11 de Alamar, en La Habana. Y como nadie ha sabido responderla, la lanza públicamente.
Su preocupación es que de los nuevos taxis ruteros que se importaron y circulan en la capital, algunos aparecen ya con el cartel de «Libre», y cobran, ya no por las tarifas iniciales, sino a la par que los particulares.
«¿Esa normativa es legal o es signo del nacimiento de corrupción, que no se chequea por parte del Ministerio de Transporte?», pregunta Juan.
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