Acuse de recibo
¿Quién le responde?, clamaba este redactor el pasado 1ro. de julio, al reseñar la historia de José Tamayo, residente en Ángel Guardia 132, Jiguaní, provincia de Granma.
El 12 de junio de este año Tamayo hacía la cola para comprar la leche de dieta que recibe como diabético, en la casilla comercial donde la adquiere. Y cuando le faltaban tres turnos para ser atendido, el dependiente dijo que solo iba a vender la leche normada para los niños.
Como eso nunca le había sucedido en diez años que lleva con la dieta, Tamayo fue a las oficinas de Comercio para formular su queja. Le tomaron los datos para darle respuesta al siguiente día.
Cuando el lector me escribió, ya habían transcurrido 12 días, y no tenía ni la leche ni una respuesta. «Es una falta de respeto», sentenciaba en su carta.
Al respecto, responde Morislaida Castillo, directora de la Empresa Municipal de Comercio Mixto de Jiguaní, quien ratifica que Tamayo formuló la queja el 12 de junio a la subdirectora de Fiscalización de la entidad, por no encontrarse la especialista de Protección al Consumidor. Y reconoce que existió demora en la solución del problema.
Explica Morislaida que cuando Tamayo hizo el planteamiento allí, se le explicó que primero debió dirigirse al administrador de la unidad comercial, donde existe un área de protección al consumidor, y con la respuesta que le dieran dirigirse entonces a la directora de la Unidad Básica de Comercio. De quedar insatisfecho, entonces debía dirigirse a la Empresa.
No obstante, señala, se recibió la queja. Y el 13 de julio, cuando se incorporó la especialista de Protección al Consumidor, le hicieron entrega de la queja de Tamayo. Es cuando la especialista tramita la misma con la directora de la Unidad Básica de Comercio y se hace el análisis pertinente con el administrador de la unidad. «Son amonestados por permitir el descontento del consumidor y no visitar al compañero en su casa y darle una respuesta convincente».
Concluye Morislaida que «la dirección de la Unidad Básica, junto con la especialista de la empresa que atiende la actividad, visitaron al compañero en su vivienda y le dieron respuesta».
Lamentablemente, con métodos y respuestas como los referidos, poco se podrá avanzar.
Lo digo porque, al final, ni sabemos lo más importante: ¿Por qué se le negó la leche de dieta a quienes la adquieren allí?
Pero tampoco se explica por qué si Tamayo formuló su queja el 12 de junio, transcurrido un mes, cuando se incorporó la especialista de Protección al Consumidor, fue que comenzó a tramitarse. ¿Acaso la protección al consumidor no es asunto de todos allí? ¿Se abandona ese deber esencial del Comercio cuando no está la especialista?
No precisa la respuesta quiénes son los amonestados. Y, de paso, el tener a un ciudadano un mes sin respuesta y vaya a saber qué tiempo sin leche, provoca apenas una amonestación. Arreglados estamos…
Sin tener todos los elementos —la respuesta no los ofrece— uno llega a preguntarse: ¿Todos esos escalonados niveles de dirección mencionados por Morislaida, desde el administrador de la unidad hasta ella misma como cabeza de la empresa municipal, eran ajenos a la disposición de no vender la leche de dieta? ¿No eran responsables también de garantizar una información puntual a los consumidores en caso de que fuera imposible venderles la leche?
Al final, no queda claro el desenlace: ¿Pudo Tamayo, al igual que otros consumidores con su situación, adquirir su leche de dieta?
No es que haya tomado a la empresa de Comercio de Jiguaní como material de estudio, pues peores cartas he recibido alguna que otra vez. Pero la profundidad, calidad y sentido autocrítico de una respuesta a quejas de la ciudadanía, inevitablemente dice mucho del sitio de donde provienen.
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